ABSUELVEN AL EMPRESARIO

Desestiman la demanda por despido de cuatro temporeras que denunciaron abusos

11.26 h. El Juzgado de lo Social 2 de Huelva no da credibilidad a la versión de las trabajadoras y asegura que en el juicio se han contradicho de manera radical y contundente

Desestiman la demanda por despido de cuatro temporeras que denunciaron abusos

Huelva24

Huelva

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La demanda por despido que presentaron cuatro temporeras de Marruecos contra el empresario agrícola que las contrató en origen, en la que alegaron que el fin de la relación laboral se produjo en represalia por no retirar una denuncia por presunto abuso sexual contra el encargado de la finca, ha quedado parada en los tribunales.

Dos semanas después de la vista oral, el Juzgado de lo Social 2 de Huelva ha absuelto a la empresa de toda responsabilidad, desestimando las pretensiones de las trabajadoras, incluida la indemnización por daños y perjuicios que venían solicitando al no dar credibilidad a sus testimonios.

‘No hay comportamiento reprochable atribuible a la empresa - afirma la sentencia- mientras que la actora (las temporeras) se sustentan en su propia versión de los hechos, sin alcanzar visos de verosimilitud, ni siquiera por indicios y se han contradicho de manera radical y contundente’.

La demanda se planteó tras la campaña de 2018, para la que fueron contratadas las temporeras en la finca 'Las Malvinas' de Moguer a comienzos de mayo de ese año. Sin embargo, el 11 del mismo mes, la empresa consideró que no había alcanzado los criterios de producción y que no pasaban el periodo de prueba.

 La demanda por despido que presentaron cuatro temporeras de Marruecos contra el empresario agrícola que las contrató en origen, en la que alegaron que el fin de la relación laboral se produjo en represalia por no retirar una denuncia por presunto abuso sexual contra el encargado de la finca, ha quedado parada en los tribunales. Dos semanas después de la vista oral, el Juzgado de lo Social 2 de Huelva ha absuelto a la empresa de toda responsabilidad, desestimando las pretensiones de las trabajadoras, incluida la indemnización por daños y perjuicios que venían solicitando al no dar credibilidad a sus testimonios. ‘No hay comportamiento reprochable atribuible a la empresa - afirma la sentencia- mientras que la actora (las temporeras) se sustentan en su propia versión de los hechos, sin alcanzar visos de verosimilitud, ni siquiera por indicios y se han contradicho de manera radical y contundente’. La demanda se planteó tras la campaña de 2018, para la que fueron contratadas las temporeras en la finca 'Las Malvinas' de Moguer a comienzos de mayo de ese año. Sin embargo, el 11 del mismo mes, la empresa consideró que no había alcanzado los criterios de producción y que no pasaban el periodo de prueba. Al final la relación laboral, las trabajadoras tuvieron que dejar las viviendas y fueron acogidas en el albergue de Tariquejos. Poco después, desde el mismo albergue se comunicó a un socio de la empresa que las trabajadoras habían contado haber sido objeto de “hostigamiento laboral y sexual” por parte del encargado de la finca. Un representante de la empresa se desplazó a ver al grupo de trabajadoras y, tras oír su relato, les sugirió que denunciaran, al tiempo que la firma agrícola puso en marcha el protocolo antiviolencia sexual y desplazó al encargado de la finca. Ante la situación de las mujeres, las volvió a contratar en otra finca que la misma empresa tenía en el término de Cartaya, donde trabajaron hasta el final de la campaña. El juzgado, que apoya su resolución en la documentación que aportó la empresa en la vista oral y en los testimonios de testigos, destaca en la sentencia que cuando recibieron la noticia llegaron a 'manifestar su alegría a uno de los intérpretes porque estaban deseosas de volver a Marruecos'. Según el testimonio de los intérpretes, el fin de la relación laboral se les comunicó en una reunión a la que también fueron citadas otras 30 trabajadoras, convocatoria en las que se les dijo que debían prepararse para volver a Marruecos. De hecho, la empresa les entregó un documento de fin de contrato, que las trabajadoras firmaron tras ser informadas de su contenido por los intérpretes, en el que admitían que 'mediante la presente renuncio a regresar a Marruecos en el autobús puesto a mi disposición y manifiesto ser conocedora de la información facilitada por Asaja a través de la empresa, según la cual el incumplimiento del compromiso de retorno supone la imposibilidad de venir a trabajar en próximas campañas’. La empresa ha mantenido la legalidad de su decisión de extinguir la relación laboral por la bajada en la producción de la fruta. 

Un representante de la empresa se desplazó a ver al grupo de trabajadoras y, tras oír su relato, les sugirió que denunciaran, al tiempo que la firma agrícola puso en marcha el protocolo antiviolencia sexual y desplazó al encargado de la finca.

Ante la situación de las mujeres, las volvió a contratar en otra finca que la misma empresa tenía en el término de Cartaya, donde trabajaron hasta el final de la campaña.

El juzgado, que apoya su resolución en la documentación que aportó la empresa en la vista oral y en los testimonios de testigos, destaca en la sentencia que cuando recibieron la noticia llegaron a 'manifestar su alegría a uno de los intérpretes porque estaban deseosas de volver a Marruecos'. Según el testimonio de los intérpretes, el fin de la relación laboral se les comunicó en una reunión a la que también fueron citadas otras 30 trabajadoras, convocatoria en las que se les dijo que debían prepararse para volver a Marruecos.

De hecho, la empresa les entregó un documento de fin de contrato, que las trabajadoras firmaron tras ser informadas de su contenido por los intérpretes, en el que admitían que 'mediante la presente renuncio a regresar a Marruecos en el autobús puesto a mi disposición y manifiesto ser conocedora de la información facilitada por Asaja a través de la empresa, según la cual el incumplimiento del compromiso de retorno supone la imposibilidad de venir a trabajar en próximas campañas’.

La empresa ha mantenido la legalidad de su decisión de extinguir la relación laboral por la bajada en la producción de la fruta.

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