PENDIENTE DE SENTENCIA
Juicio por el despido de las temporeras que denunciaron presuntos abusos: ¿represalia o procedente?
19.00 h. Las trabajadoras mantienen que fueron despedidas por su denuncia y la empresa argumenta que hubo otras extinciones de contratos en las mismas fechas por la bajada en la producción en julio.
Las temporeras que denunciaron al encargado de una finca de Moguer por presunto abuso sexual y hasta tres casos de acoso, una causa en la que ya hay acusación formal de la Fiscalía y está pendiente de que se señale fecha de juicio, se han visto frente a frente con la empresa en un juzgado, después de presentar una demanda por despido. Las temporeras, que llegaron a Huelva en el contingente de contratadas en origen por acuerdo bilateral entre España y Marruecos, mantienen que el fin de su contrato (julio 2018) responde a una reacción de los propietarios de la explotación agrícola en represalia por no haber retirado la denuncia contra el presunto agresor. La empresa, por su parte, defiende la legalidad de su decisión de extinguir la relación laboral con estas mujeres por la bajada en la producción de la fruta – para cuya recolección fueron contratadas- y los desliga del procedimiento penal, añadiendo que además en los mismos días se extinguieron otra docena de contratos de trabajadores extranjeras por el mismo motivo. La demanda se ha visto ahora en el Juzgado de lo Social 2 de Huelva, con participación del Ministerio Público al tratarse de una causa de vulneración de la garantía de indemnidad, de un derecho fundamental. De Moguer a CartayaLas temporeras comenzaron a trabajar en una finca en Moguer - donde denunciaron los supuestos abusos- pero no pasaron el periodo de prueba al considerar la empresa que no tenían un rendimiento adecuado, que tenían una productividad era baja. Después de unos días, tras la baja en la empresa, fueron recolocadas en otra explotación que la misma firma tiene en Cartaya, en la que estuvieron trabajando hasta julio, concretamente hasta el 4 de este mes, cuando se puso fin a la relación laboral. Los empresarios han aportado en la vista documentación de todas las bajas laborales que tuvieron lugar en la misma época en la que se produjo el despido denunciado, entre finales de junio y principios de julio, cuando trabajadoras de ese mismo contingente regresaban a Marruecos, así como datos de la producción y necesidad de mano de obra en función de precisamente del cultivo. “No consta acreditado que el cese de la relación laboral fuera consecuencia del despido”, han indicado fuentes de la Fiscalía. El juzgado determinará en sentencia si se trata de un despido nulo, como sostienen las trabajadoras, o es ajustado a derecho.
Las temporeras, que llegaron a Huelva en el contingente de contratadas en origen por acuerdo bilateral entre España y Marruecos, mantienen que el fin de su contrato (julio 2018) responde a una reacción de los propietarios de la explotación agrícola en represalia por no haber retirado la denuncia contra el presunto agresor.
La empresa, por su parte, defiende la legalidad de su decisión de extinguir la relación laboral con estas mujeres por la bajada en la producción de la fruta – para cuya recolección fueron contratadas- y los desliga del procedimiento penal, añadiendo que además en los mismos días se extinguieron otra docena de contratos de trabajadores extranjeras por el mismo motivo.
La demanda se ha visto ahora en el Juzgado de lo Social 2 de Huelva, con participación del Ministerio Público al tratarse de una causa de vulneración de la garantía de indemnidad, de un derecho fundamental.
Las temporeras comenzaron a trabajar en una finca en Moguer - donde denunciaron los supuestos abusos- pero no pasaron el periodo de prueba al considerar la empresa que no tenían un rendimiento adecuado, que tenían una productividad era baja. Después de unos días, tras la baja en la empresa, fueron recolocadas en otra explotación que la misma firma tiene en Cartaya, en la que estuvieron trabajando hasta julio, concretamente hasta el 4 de este mes, cuando se puso fin a la relación laboral.
Los empresarios han aportado en la vista documentación de todas las bajas laborales que tuvieron lugar en la misma época en la que se produjo el despido denunciado, entre finales de junio y principios de julio, cuando trabajadoras de ese mismo contingente regresaban a Marruecos, así como datos de la producción y necesidad de mano de obra en función de precisamente del cultivo.
“No consta acreditado que el cese de la relación laboral fuera consecuencia del despido”, han indicado fuentes de la Fiscalía. El juzgado determinará en sentencia si se trata de un despido nulo, como sostienen las trabajadoras, o es ajustado a derecho.
