comienza el juicio
En el fondo de un pozo por estar en el lugar inadecuado: arranca el juicio a los presuntos asesinos de Samuel Vizcaya y otro joven
La Fiscalía pide para los acusados 48 años de prisión por el crimen cometido en Cartaya en 2019
Piden 48 años de cárcel para los dos presuntos autores del doble crimen del pozo de Cartaya y el juicio arrancará el lunes con jurado popular
Confirman que uno de los cadáveres hallados en el pozo es el de Samuel Vizcaya
Samuel Vizcaya no tendría que haber estado allí. Su entorno ha defendido en todo momento que acompañó circunstancialmente a la otra víctima a una cita que, finalmente, resultó mortal para ambos. De hecho, él habría sido el primero en fallecer, de forma prácticamente fulminante.
Así lo recoge el escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva -al que ha tenido acceso huelva24.com- ante el juicio que arranca este lunes y que sienta en el banquillo a dos personas, J.A.M.B y J.M.P.P., acusados de acabar con la vida de Samuel Vizcaya y de M.B.G. en abril de 2019, y de arrojar sus cuerpos a un pozo en una finca de Cartaya.
Los hechos se remontan al 14 de abril de ese año, cuando los acusados se citaron en la mencionada finca, propiedad de la suegra de uno de ellos, con M.B.G., «con quien ambos investigados habían tenido graves conflictos previos relacionados, en su mayor parte, con el tráfico de drogas«, según mantiene la Fiscalía.
Éste acudió a la cita acompañado de Samuel, a quien le había solicitado que lo acercase por carecer él de permiso de conducir, y a quien el presunto asesino, que se encontraba agazapado con una escopeta, confundió con M.B.G., disparándole nada más llegar al lugar de los hechos, «ocasionándole una muerte inmediata como consecuencia de un único y certero impacto de bala recibido en el tórax que le produjo una herida con destrucción de los centros vitales torácicos, todo ello sin que la víctima tuviera oportunidad alguna de eludir tal acción letal«.
Tras la muerte de Samuel los presuntos autores descargaron la escopeta contra M.B.G. aún fallando en el tiro, procediendo a emprenderla a golpes con él y provocándole la muerte precisamente de este modo, por un «traumatismo cráneo-encefálico severo», tras causarle previamente una veintena de lesiones no mortales.
Tras perpetrar ambas muertes, los acusados -que desde un primer momento habrían tenido la intención de acabar con la vida de M.B.G., a quien citaron engañado- arrastraron los cadáveres hasta un pozo de la misma finca donde los arrojaron, «ocultándolos a la vista de terceros con plásticos de invernadero«.
Asimismo, se hicieron con el coche en el que habían llegado las víctimas -propiedad de la cuñada de Samuel Vizcaya- y lo llevaron hasta la carretera del cementerio de Huelva, en La Ribera, donde le prendieron fuego antes de arrojar los teléfonos de las víctimas a la ría del Odiel.
La familia de Samuel, vecino de la barriada de La Orden que contaba sólo con 27 años en el momento de los hechos, denunció su desaparición tras hallarse el vehículo calcinado, y la aparición de su cadáver junto al de M.B.G., natural de Alcalá de Guadaíra, provocó una gran conmoción entre sus allegados, que han defendido en todo momento que el joven no estaba implicado en asuntos de drogas, aunque ése fue el móvil que, al parecer inconscientemente, lo llevó hasta el lugar de los hechos.
Asesinato con alevosía
Hechos por los que la Fiscalía pide una pena de 48 años de cárcel para cada los dos acusados: en concreto, 23 por el delito de asesinato con alevosía de Samuel Vizcaya, y 25 por el de M.B.G, para el que incluye además la agravante de ensañamiento.
Además, se solicita una indemnización de más de 648.000 euros para los familiares de ambas víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados el 16 de abril de 2019, dos días después de su desaparición.
Por estos hechos fueron detenidos prácticamente de inmediato los dos acusados, para los que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Desde este lunes se sientan en el banquillo de los acusados para ser juzgados por un jurado popular después de que el pasado mes de marzo el juicio fuera suspendido por los problemas de salud de uno de los letrados, lo que hizo además que los acusados quedasen en libertad hasta nuevo señalamiento.
