ACCIDENTE
La ordenanza de Bonares acorrala al investigado por la muerte de Fuente Clara
Regula la tasa del servicio de recogida y retirada de animales sueltos y abandonados en la vía pública
La firmaron en octubre del año 2016 el actual alcalde de la localidad y el secretario-interventor
El investigado por la muerte de Fuente Clara Cabrera admite la suelta de animales
El grave precedente en el accidente donde murió la hija de José Antonio Cabrera por culpa de animales sueltos
En base a los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Bonares firmó el 21 de octubre del año 2016 una Ordenaza Fiscal por la que establecía la «Tasa por el servicio de recogida y retirada de animales sueltos y abandonados en la vía pública«. La firmaron el alcalde de la localidad condal, Juan Antonio García, que todavía se mantiene en ese mismo cargo, y el secretario-interventor del consistorio onubense, Francisco López.
«Son sujetos pasivos de esta Tasa, y en consecuencia están obligados al pago, los propietarios y poseedores de animales o las personas autorizadas por estas para su retirada del depósito municipal, que encontrándose en situación de abandono o errante hubieran sido retirados o recogidos por el Servicio Municipal», señala uno de los puntos de la Ordenanza, añadiendo que «no se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa.
Los agentes de la Policía Local de Bonares firmaron en los últimos años varios partes de servicio en los que se indicaba claramente que Cipriano D. J., alias el 'Cipri', había infringido esta Ordenanza municipal, ya que dejó a sus bestias sueltas en más de diez ocasiones entre 2021 y 2024. En una de ellas, concretamente el día 17 de abril de este año, presuntamente dos de sus mulos se cruzaron en la carretera con el coche en el que iba Fuente Clara Cabrera, que falleció en dicho accidente, resultado herida leve también su madre.
Según la Ordenanza firmada por el Ayuntamiento de Bonares en 2016, «se consideran animales abandonados o errantes aquellos que, hallándose en la vía pública y en bienes de propiedad municipal, bien sean urbanos o rústicos, carezcan de cualquier tipo de identificación del origen o del propietario y poseedor y, los que contando con identificación y encontrándose en la vía pública, no vayan acompañados de persona alguna».
Sanciones
Las tarifas (sanciones económicas) por estos delitos serían las siguientes:
1. Captura, retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal:
a) Caballerías y animales potencialmente peligrosos: 100,00 euros.
b) Animales de compañía no potencialmente peligrosos: 32,34 euros.
2. Por cada día o fracción de estancia en el depósito municipal:
a) Caballerías y animales potencialmente peligrosos: 20,00 euros.
b) Animales de compañía no potencialmente peligrosos: 11,66 euros.
3. Análisis de sangre para genotipado: Por cada perro: 30 euros.
4. Nueva Chapa identificativa: Por cada perro: 10 euros.
La Ordenanza Fiscal también señala que "no será devuelto a sus propietarios o poseedores ninguno de los animales que hubieran requerido la iniciación de este Servicio mientras no se haya hecho efectivo el pago de los derechos.
La exacción de derechos que por dicha Ordenanza se establece no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de las normas de Policía Urbana.
La exacción se considera devengada respecto al análisis de sangre para genotipado previamente a realizar la extracción de sangre del animal y respecto a la emisión de nueva placa simultáneamente a presentar la denuncia por pérdida o extravío de la misma".
Servicio de Guardería Rural
Hay varios partes de servicio de la Policía Local de Bonares entre 2021 y 2024 en los que el 'Cipri' es citado en referencia a la Guardería Rural de la localidad que se encarga de recoger a las bestias sueltas y abandonas. «En los supuestos contemplados en el Artículo 5 de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento a través del Servicio de Guardería Rural, procederá a su captura, recogida y retirada, haciéndose cargo y depositario del mismo hasta que sea recuperado por su propietario o poseedor habitual, sea cedido, o si generase algún problema de salud pública, o no apareciera el propietario o poseedor en los plazos establecidos en la presente Ordenanza, fuera debidamente sacrificado previo informe y constancia de los servicios técnicos veterinarios de la Junta de Andalucía, o en su caso fuese subastado en los términos del Art.-615 del Código Civil», reza el escrito oficial.
Otro de los puntos de la Ordenza del consistorio condal incide en que «a fin de llevar un control de la captura, mantenimiento, reconocimiento, devolución, cesión, subasta y/o sacrificio de los animales, así como de cualquier otra circunstancia, que se produzca con ocasión de este servicio, en el mismo se llevará, debidamente cumplimentado, un Libro de Registro de los movimientos en el que figurarán los datos relativos a las altas y bajas de los animales, así como de cualquier otra incidencia. La retirada del animal exigirá además la firma e identificación de quién lo retira de o la acreditación de la representación de estos conforme a derecho, en el Libro de Registro».
«Producida la identificación del propietario o poseedor del animal capturado, y transcurrido el plazo que se le otorga para proceder a su recogida en el Art.- 9 de la presente Ordenanza, se le exigirá el abono de las cantidades que se adeuden con ocasión de la prestación de este servicio por parte del Ayuntamiento», destaca también una Ordenanza Fiscal que el investigado por la muerte de Fuente Clara Cabrera ha infringido en varias ocasiones. Dicha Ordenanza la presentará en la fase de instrucción del caso el abogado de la acusación particular, José Luis Orta, dentro del bloque documental de pruebas.
