Más de 40 denuncias por casas discoteca durante la peregrinación de Huelva y Triana a El Rocío
Las han recibido los propietarios de esos inmuebles en los casos en los que no se ha identificado al responsable de la fiesta ni al inquilino
La Policía Local encontró en una de estas viviendas a 40 personas a las nueve de la mañana
La Policía recuerda que las casas-discoteca en El Rocío se exponen a multas de hasta 30.000 euros
Almonte se pone firme con las 'discotecas' rocieras: multas de 30.000 euros y entrada en las casas
La policía almonteña ha registrado más de 40 denuncias relacionadas con la actividad en la aldea de El Rocío de lo que se conoce como 'casas discoteca', viviendas en cuyo interior se celebran fiestas a las que acude un gran número de personas, normalmente en fechas señaladas, generando molestias de todo tipo en la localidad.
Según los datos aportados por los agentes en redes sociales, las propuestas de sanción por incumplimiento de la ordenanza municipal las han recibido los propietarios de esos inmuebles en los casos en los que no se ha identificado al responsable de la fiesta ni al inquilino, en caso de que la casa fuese alquilada.
Como ejemplo se citó el de una de estas viviendas donde a las nueve de la mañana se encontraban un total de 40 personas en su interior.
En cualquier caso, la policía ha recordado que la cuantía de las sanciones va de los 600 a los 30.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y si hay o no reincidencia.
Ordenanza 'had hoc'
Hace algo más de un año, el Ayuntamiento de Almonte aprobó una modificación en la ordenanza que regula las sanciones por infracciones en materia de ruidos. Esta reforma se llevó a cabo con el objetivo de hacer frente a las persistentes quejas de los vecinos y visitantes de El Rocío, quienes venían sufriendo las consecuencias de las conocidas como 'casas discoteca' en la localidad.
Durante la sesión plenaria, el consistorio no solo optó por aumentar las sanciones económicas en general, sino que también introdujo cambios importantes. Ahora, los agentes de la autoridad tienen la potestad de decomisar los aparatos de música, ampliando su capacidad de actuación no solo a los espacios públicos y terrazas, como dictaba la norma anterior, sino también a los espacios privados.
