Un condenado por abusos sexuales en Huelva sigue en la calle dos años después de la sentencia

«Luego se preguntan por qué las mujeres no denunciamos», lamenta la víctima

Abusó sexualmente de su hijastra de forma continuada y la grabó sin consentimiento, como a su mujer, pero los recursos y los plazos judiciales permiten que continúe con su vida

Confirman la condena a un hombre que estuvo abusando sexualmente de su hijastra durante años en Huelva

Confirman la sentencia de más de diez años para el padre que abusó sexualmente de su hija menor

La madre muestra la sentencia del juzgado H.Corpa
María Carmona

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No habla ella, la víctima de los abusos continuados, porque pese al tiempo pasado es incapaz aún de poner palabras a lo que vivió. Lo hace su madre, víctima por su parte de un delito contra su intimidad, convencida de que «hay que poner voz» a estas situaciones, para que «luego nadie se pregunte por qué las mujeres no denuncian, o no lo hacen en el mismo momento«.

Ocho años hace desde que se sentó por primera vez ante la Policía a denunciar, dos desde que obtuvieron la sentencia condenatoria. Pero mientras madre e hija han visto vueltas del revés sus vidas, sufren el estigma, y se han tenido que reinventar después de ser prácticamente expulsadas de su círculo social, el condenado -nada menos que a ocho años y siete meses de prisión- continúa en la calle, «haciendo su vida como si nada».

Es lo que esta onubense, que prefiere preservar su identidad para proteger a su hija, no puede entender y denuncia públicamente «porque es una realidad que debe saberse. Los acusados, incluso una vez condenados, cuentan con todas las garantías, la ley les protege, mientras las víctimas nos vemos obligadas a procesos dolorosos, con un gran coste emocional y económico, desprotegidas y sin que parezcamos importar«.

Condenado a más de ocho años de prisión

En este caso, pese a contar ya con una sentencia condenatoria, ratificada incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmó la condena del juzgado de Instrucción número 3 de Huelva al marido de esta onubense por abusos a su hija, por entonces menor de edad, así como por dos delitos contra la intimidad contra ella y su propia mujer, tras haberlas grabado sin su consentimiento.

El acusado fue condenado en 2022 a ocho años y siete meses de cárcel como «autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales y dos delitos contra la intimidad«, tras considerar el tribunal probado que el condenado, que convivió con la hija de su pareja durante once años, abusó de ella de manera continuada hasta que la chica abandonó el domicilio familiar.

Además, según reza la sentencia, «colocó dispositivos ocultos de grabación de imágenes en los domicilios familiares«, grabando de ese modo imágenes íntimas tanto de la menor como de su propia esposa «sin el consentimiento de las mismas, apareciendo éstas en dichas imágenes desnudas o semidesnudas».

Pese a que hace dos años de esa sentencia, un nuevo recurso, esta vez al Tribunal Supremo (TS), la mantiene sin ejecutar -como «tampoco ha depositado en el juzgado la cantidad que estipula la indemnización»-, y la petición de prisión provisional por parte de las denunciantes han sido rechazada hasta en dos ocasiones.

A la espera de que el TS dictamine si se le admite el recurso o no, lo que ocurrirá «estimamos que como muy pronto en mayo de 2025», en el caso de que el Supremo se lo admita «échale un año más, con lo que nos plantaríamos mínimo en el 2026. Este señor sigue haciendo su vida por la calle, mientras mi hija se marcha de Huelva siempre que puede y no frecuenta sitios muy concurridos porque se siente amenazada y con miedo. Esta persona sigue con su día a día, mientras tú vives constantemente en alerta», denuncia esta mujer, decepcionada con un sistema que, considera, falla a las víctimas poniendo por delante a los abusadores.

«Cuando nos animan a denunciar nos deben informar de lo que se nos viene encima, contarnos la realidad para que nos preparemos y seamos conscientes de lo que nos espera: aislamiento social, estigmatización, costes económicos -abogados, procuradores, peritos,...-, y por supuesto el desgaste emocional que suponen procesos judiciales traumáticos en los que hay que volver a revivirlo todo«, insiste.

De hecho, en su caso incluso se planteó llegar a un acuerdo previo con el acusado «porque para mí era más importante que mi hija no sufriera ese desgaste emocional a que él pasase más años en la cárcel; prefería -porque mi propia hija me lo pidió- que ella no tuviese que pasar por eso. Pero fue él el que se negó«, recuerda.

Necesidad de más recursos

«Nos dijeron que como mucho esto serían tres años, pero se ha ido dilatando en el tiempo. Yo pensé que una vez que tuviésemos sentencia entraría de forma preventiva en prisión y podríamos empezar a reparar, pero eso no ha ocurrido«, ha lamentado esta mujer, que reclama más recursos para las víctimas que se deciden a dar el paso.

Un paso que no es fácil dar, «porque son muchas las voces autorizadas que tratan de disuadirte». En su caso no sólo gente de su entorno, sino incluso personas del ámbito legal le informaron de lo complicado del proceso, que ella se decidió a iniciar cuando, años después de los hechos, el psicólogo de su hija le informó de los abusos de los que había sido víctima. Al enterarse y disponerse a recoger sus cosas de la casa del que hasta entonces había sido su marido, encontró las cámaras y las tarjetas con las imágenes, con lo que lo sumó a la denuncia de estos hechos.

Pero «son muchos los que pretenden que tú esto lo sientas como una vergüenza, que te sientas una estigmatizada, que no hables», y si te decides a hacerlo «te ves inmersa en un proceso larguísimo, muy doloroso y que te deja sin un duro».

Por ello, considera necesario más recursos para las víctimas, como «un servicio psicológico efectivo, que no te vea cada dos meses, así como un equipo médico multidisciplinar en casos como el mío, cuando se somatiza mucho«.

Para evitar esta revictimización hace un llamamiento a que todas las personas conozcan de la existencia del SAVA, un «servicio de atención imprescindible que presta una ayuda esencial», aunque no suficiente para abordarlo todo. «Hay que acortar los plazos judiciales, que pudiesen deducirse los gastos de los procesos en la declaración de la Renta, o que cuando salga una sentencia de abuso, Igualdad también haga un acto de repulsa como ocurre con la violencia de género».

Aunque lo fundamental, y lo dice tras unas semanas en los que el tema está copando titulares y de máxima actualidad, es que «se escuche a las víctimas sin reparos. Que cuando te dicen que te creen sea de verdad, y no como mero eslogan«.

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