Se abre juicio por el ‘caso Aljaraque’ con tres acusados y Caraballo desimputado

 La causa abierta en Huelva por el presunto soborno de Aljaraque, el supuesto intento de compra de dos concejales de la formación morada para abortar una moción de censura contra el gobierno del PSOE (diciembre de 2016) en este municipio onubense entra en fase de juicio cuando se van a cumplir cinco años de la denuncia que destapó el caso.El Instrucción 1 de Huelva, que ha llevado la investigación (con relevo de su titular el pasado marzo), acaba de dictar auto de apertura de juicio contra tres acusados (eran seis los investigados) y con el ex secretario general del PSOE y ex presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo, fuera de la causa.Finalmente se van a sentar en el banquillo como presuntos autores de un delito de cohecho los ex concejales de la formación morada Pedro Escalante y Francisco Martín, y el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, al que se sitúa como mediador del PSOE en las negociaciones para abortar la moción y tratar de mantener la Alcaldía. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y, en el caso de los ex ediles, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.  El caso comenzó a investigarse (enero 2017) a raíz de una denuncia presentada por un asesor de ‘Sí se puede Aljaraque’, en la que exponía – grabaciones incluidas- que la moción fue retirada supuestamente después de que un intermediario del PSOE y miembro de CCOO ofreciera un empleo en la empresa Aguas de Huelva para la mujer de uno de los ex concejales, una propuesta que se acompañaba de la oferta de una concejalía para el otro edil entonces.En el auto de apertura de juicio, al que ha tenido acceso Huelva24.com, la titular del Instrucción 1 de Huelva, Yolanda Díaz, que entró en el juzgado después de más cuatro años de investigación -, ve indicios de la comisión de delitos y de “la presunta participación de los acusados en los hechos, a la vista de las diligencias practicadas por la Policía y el juzgado”.El acuerdo entre los representantes de la formación morada y el PSOE de Aljaraque, con la alcaldesa, Yolanda Rubio, se firmó en la misma Diputación y con presencia de Caraballo. Según la juez, la razón por la que se cerrara en la sede provincial y con su presidente – del que destaca que no firmó- “se decide por José Luis Rodríguez para convencer a los concejales Francisco Martín y Pedro Escalante que todo lo acordado, incluida la contratación de la esposa de Martín Orta, está avalado por Ignacio Carballo, como secretario del PSOE”. Al tanto de las negociacionesEl auto, recogiendo la misma argumentación que la Fiscalía en su escrito de acusación, mantiene precisamente que Caraballo estaba al tanto de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para frenar la moción de censura contra el PSOE y que autorizó al representante de CCOO a negociar para acercar posturas entre los ex ediles morados y la ex alcaldesa pero que estaba al margen del acuerdo no escrito (el puesto de trabajo para la mujer de uno de los investigados).Además, añade que «Caraballo siempre ha negado que hubiere dado dicha autorización o el visto bueno al ofrecimiento de la contratación de la mujer del concejal, y las referencias a su participación en el mismo se sustentan exclusivamente en las manifestaciones de Rodríguez Vega y de los dos concejales investigados en las conversaciones de telefónicas y o vía Telegram con el denunciante”. La instructora concluye que no se ha acreditado la participación del ex líder socialista en los hechos, tras «la extensa y exhaustiva investigación judicial no existen indicios relevantes de su participación activa en los hechos», participación que tampoco se ha acreditado para los directivos de Aguas de Huelva investigados.

Finalmente se van a sentar en el banquillo como presuntos autores de un delito de cohecho los ex concejales de la formación morada Pedro Escalante y Francisco Martín, y el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, al que se sitúa como mediador del PSOE en las negociaciones para abortar la moción y tratar de mantener la Alcaldía. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y, en el caso de los ex ediles, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.  

El caso comenzó a investigarse (enero 2017) a raíz de una denuncia presentada por un asesor de ‘Sí se puede Aljaraque’, en la que exponía – grabaciones incluidas- que la moción fue retirada supuestamente después de que un intermediario del PSOE y miembro de CCOO ofreciera un empleo en la empresa Aguas de Huelva para la mujer de uno de los ex concejales, una propuesta que se acompañaba de la oferta de una concejalía para el otro edil entonces.

En el auto de apertura de juicio, al que ha tenido acceso Huelva24.com, la titular del Instrucción 1 de Huelva, Yolanda Díaz, que entró en el juzgado después de más cuatro años de investigación -, ve indicios de la comisión de delitos y de “la presunta participación de los acusados en los hechos, a la vista de las diligencias practicadas por la Policía y el juzgado”.

El acuerdo entre los representantes de la formación morada y el PSOE de Aljaraque, con la alcaldesa, Yolanda Rubio, se firmó en la misma Diputación y con presencia de Caraballo. Según la juez, la razón por la que se cerrara en la sede provincial y con su presidente – del que destaca que no firmó- “se decide por José Luis Rodríguez para convencer a los concejales Francisco Martín y Pedro Escalante que todo lo acordado, incluida la contratación de la esposa de Martín Orta, está avalado por Ignacio Carballo, como secretario del PSOE”.