El Obispado denuncia las penosas condiciones de los temporeros que regresan para la campaña de frutos rojos
La Diócesis de Huelva alza la voz ante el drama anual de los inmigrantes de la fresa: chabolas destruidas, albergues desbordados y personas durmiendo en las calles
Veinte años malviviendo en un asentamiento chabolista en Huelva
Ya están en Huelva más de 8.000 trabajadores extranjeros para la campaña de los frutos rojos
El campo de Huelva necesita con urgencia 10.000 trabajadores para la próxima campaña
El drama se repite cada primavera en Huelva. Miles de temporeros inmigrantes abandonan los olivares de Jaén y se dirigen hacia los campos onubenses, donde la temporada de frutos rojos promete trabajo pero no siempre un techo digno bajo el que cobijarse.
El Grupo Diocesano de Migraciones de la Diócesis de Huelva ha alzado la voz ante una realidad que sufre año tras año el colectivo temporero: muchos de estos trabajadores, al regresar a los municipios donde trabajaron en campañas anteriores, descubren que sus precarios refugios han sido arrasados o desmantelados, dejándolos literalmente a la intemperie.
Un paisaje desolador
En Lepe, uno de los epicentros de esta crisis humanitaria, el albergue existente se ve desbordado ante la avalancha de trabajadores. Las calles se convierten en improvisados dormitorios para quienes no encuentran plaza, expuestos al frío y a la lluvia sin más protección que la solidaridad de algunos vecinos.
Igual de dramática es la situación en Palos de la Frontera, donde el recuerdo de un devastador incendio que arrasó los asentamientos chabolistas ha dejado un panorama desolador. Allí, decenas de personas duermen al raso, congregadas alrededor de hogueras que apenas mitigan el frío nocturno mientras esperan una oportunidad laboral.
«Muchos regresan con la esperanza de encontrar el refugio que dejaron el año anterior, pero se topan con que ha sido destruido», explica el Grupo Diocesano, que denuncia cómo en Lucena del Puerto los temporeros se afanan en reconstruir precariamente sus chabolas tras encontrarlas devastadas por incendios o derribos.
La paradoja, para la Diócesis, resulta dolorosa: los trabajadores sostienen uno de los sectores más prósperos de la economía onubense mientras viven en condiciones indignas y aunque muchos confían en que, una vez contratados, las fincas les proporcionen alojamiento, se trata de una práctica habitual pero no generalizada.
En Moguer, otro municipio clave en la producción de frutos rojos, la ausencia de albergues provoca situaciones de hacinamiento en almacenes y otras infraviviendas improvisadas. Las autoridades locales trabajan en proyectos de viviendas alternativas, pero las soluciones llegan con cuentagotas mientras las necesidades se multiplican.
«Como cristianos no podemos ignorar la valiosa aportación de las personas migradas a nuestra sociedad y nuestra Iglesia», subraya el comunicado del Obispado. Desde esta perspectiva evangélica, el Grupo Diocesano de Migraciones, integrado por el Secretariado de Migraciones, Cáritas, Fundación Don Bosco, HOAC, CONFER, Nuevo Horizonte y Pastoral Penitenciaria, reclama políticas integrales que aborden de manera sostenible esta situación.
Mientras las organizaciones sociales redoblan esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria, la realidad de estos temporeros evidencia esa contradicción flagrante que implica ser esenciales para la economía local pero invisibles para un sistema que no garantiza sus derechos más básicos.
