Los médicos de Huelva, contra el proyecto de la ministra: más restricciones y menor reconocimiento
Se unen al resto de colegiados andaluces para alertar sobre las consecuencias negativas que el nuevo estatuto marco podría tener en la salud pública y en el bienestar de los profesionales sanitarios
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La presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado, ha unido su voz a la del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que representa a más de 49.000 facultativos en la comunidad, para expresar su profundo rechazo al Anteproyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y ha alertado de los graves perjuicios que este plan del Gobierno puede ocasionar a la profesión médica y, por extensión, al conjunto de la sociedad.
«Estamos verdaderamente preocupados porque incluye medidas que limitan los derechos y libertades de los facultativos. Hay muchas medidas que se pueden tomar para mejorar el sistema que hemos trasladado sin que se nos escuche», explicó Ramblado a través de un comunicado.
En primer lugar, los profesionales denuncian que el anteproyecto no solo ignora su papel esencial en el diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de pacientes, sino que además les degrada profesionalmente. Así, una de las principales
Los profesionales denuncian que el anteproyecto no solo ignora su papel esencial en el diagnóstico y tratamiento de pacientes, sino que además les degrada profesionalmente
reivindicaciones del colectivo era la clasificación de los médicos como grupo A1 Plus, distinción que subraya la formación exigida para ejercer la medicina, la alta responsabilidad que asumen y la competencia técnica que requiere su actividad. Sin embargo, el borrador del Ministerio de Sanidad deja de lado esta petición, lo que se interpreta como un menosprecio a una actividad crítica como la que los médicos desempeñan.
Otro punto clave es el conjunto de medidas que afectan directamente a los derechos laborales de los facultativos. Destaca la propuesta de no contabilizar las horas de guardia a efectos de jubilación, la supresión de horas de descanso que sí se reconocen a otros trabajadores y la restricción del derecho a la reducción de jornada. Todo ello resulta, en palabras de los propios médicos, incompatible con los principios de un sistema democrático y con valores sociales esenciales, como la protección de la salud y la prevención de riesgos laborales.
En esta línea, se ha criticado la pretensión de imponer la exclusividad a los jefes de servicio y directivos de la sanidad pública, que no podrían ejercer simultáneamente en el sector privado. Quienes se oponen a esta medida advierten de una posible fuga de talento y señalan que constituye una limitación injustificada de la libertad profesional. Además, consideran que podría obstaculizar el acceso de profesionales altamente cualificados a puestos de responsabilidad en la sanidad pública, lo que redundaría en un empeoramiento de la atención a los pacientes.
Atados a la pública
El estatuto propuesto también aspira a exigir a los médicos recién graduados, una vez concluido el período de formación MIR, que trabajen exclusivamente en la sanidad pública durante cinco años. Para muchos, esta idea no solo restringe el desarrollo profesional y la libre elección de empleo, sino que puede agravar la fuga de jóvenes profesionales hacia otros países donde las condiciones laborales resultan más atractivas. En lugar de incentivar la vocación y el arraigo de los médicos, estos lo perciben como un obstáculo que terminará dañando la sanidad española.
Por otra parte, el colectivo médico señala la falta de consenso y negociación en la elaboración del borrador. De acuerdo con los representantes de distintos sindicatos y asociaciones, el Ministerio de Sanidad ha introducido cambios de manera unilateral, sin atender las reivindicaciones históricas del sector ni abrir un diálogo constructivo con los agentes implicados. Para el Sindicato Médico Andaluz, en concreto, el documento supone un «ataque intolerable» que no aborda las carencias fundamentales de un sistema sanitario necesitado de mejoras estructurales.
Los médicos onubenses y el CACM recuerdan al Gobierno que la sanidad es un pilar básico de los derechos humanos, ya que todos podemos convertirnos en pacientes en algún momento, razón por la cual reclaman un ejercicio de responsabilidad por parte de los poderes públicos y reiteran su disposición a colaborar en un proyecto que brinde soluciones reales que fortalezcan la atención sanitaria, en vez de recortar sus derechos y libertades.
