Denuncian que más de mil temporeros han sufrido un verano sin agua potable en los asentamientos chabolistas de Huelva
Para obtener agua, los inmigrantes deben recorrer varios kilómetros en bicicleta o a pie, ya que estos campamentos carecen de cualquier infraestructura básica
Cuarenta colectivos sociales solicitaron sin éxito un corredor de emergencia para que dispusieran de agua y un servicio de recogida de basuras
El primer plan para la erradicación de los asentamientos de la Junta contempla un total de 79 propuestas
El chabolismo: una realidad contra la que los principales afectados empiezan a alzar la voz
Distintas organizaciones sociales y ecologistas han denunciado que alrededor de mil trabajadores temporeros han pasado el verano sin acceso a agua potable en los asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva. A pesar de los repetidos llamamientos a las Administraciones públicas para que intervengan y solucionen esta situación, no ha habido una respuesta efectiva, por lo que las condiciones de vida en estos asentamientos, ubicados principalmente en el entorno de Doñana y Lepe, se han vuelto aún más precarias con las altas temperaturas de julio y agosto.
En estos asentamientos, compuestos por chabolas construidas con cartón, palés y plásticos, residen temporeros que trabajan principalmente en la recolección de frutos rojos. Según denuncian organizaciones sociales y ambientales, las condiciones de vida en estos lugares no solo son inhumanas, sino que atentan directamente contra la salud y la seguridad de los trabajadores. Entre los problemas señalados se encuentran la falta de acceso a agua potable, la acumulación de basura, la presencia de roedores y otros animales peligrosos, así como incendios frecuentes debido a la naturaleza inflamable de los materiales de construcción utilizados.
Para obtener agua, los trabajadores inmigrantes deben recorrer kilómetros en bicicleta o a pie, ya que los asentamientos carecen de cualquier infraestructura básica. Este aislamiento también se manifiesta en el acceso a la atención sanitaria, que solo está disponible a gran distancia de los campamentos.
Desde hace años, las organizaciones sociales han exigido a las autoridades locales, autonómicas y estatales que intervengan para mejorar las condiciones de vida en estos asentamientos. Entre las demandas se encuentran la regularización de los trabajadores temporeros, la creación de una mesa de trabajo de emergencia para abordar los problemas de agua, basura e incendios, y la implementación de soluciones inmediatas que garanticen la dignidad y seguridad de las personas afectadas.
Corredor de emergencia
A finales de julio, 40 colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos pidieron la creación de un corredor de emergencia que asegurara el acceso a agua potable y la recogida de residuos en los asentamientos. Entre estos grupos se encuentra Ecologistas en Acción, que ha difundido un video que expone las duras condiciones que se viven en el entorno de Doñana y Lepe. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las Administraciones competentes ha respondido adecuadamente a estas solicitudes, agravando aún más la crisis humanitaria que se vive en la región.
Las organizaciones han sido contundentes al señalar que la falta de respuestas por parte de las autoridades refleja una actitud de «racismo institucional». Según Ecologistas en Acción, la negativa de los alcaldes de localidades como Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto a empadronar a los temporeros es un claro ejemplo de la discriminación que denuncian. Esta falta de empadronamiento no solo impide el acceso a derechos básicos como la atención sanitaria o los servicios sociales, sino que también «invisibiliza» a esta población, dificultando aún más la implementación de soluciones efectivas.
«Solo desde el racismo institucional se puede comprender esta actitud de desidia y negativa a buscar soluciones», afirman desde Ecologistas en Acción. La negativa a empadronar a estas personas contraviene la legalidad vigente, y, a pesar de ello, continúa siendo una práctica común en estos municipios.
Voluntariado
Ante la inacción gubernamental, organizaciones como La Carpa, a través de voluntarios, han asumido la responsabilidad de paliar la crisis. Durante el verano, esta asociación ha realizado más de una decena de repartos de agua embotellada en los asentamientos de Doñana y Lepe, distribuyendo más de 10.000 litros de agua. Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, son insuficientes para atender una emergencia de esta magnitud.
Por otro lado, las organizaciones sociales también han lamentado la falta de avances en el llamado Plan EASEN, promovido por la Junta de Andalucía para erradicar los asentamientos, y en el Marco de Actuaciones socioeconómicas del entorno de Doñana, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Este plan establece, entre otras cosas, la «mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas» y la implementación de «módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica». Sin embargo, hasta la fecha, estos compromisos no se han materializado.
