SEGURIDAD
Los policías locales de Sevilla salpicados por el amaño de las oposiciones se agarran a la «seguridad ciudadana» para evitar su expulsión
La defensa de 33 de los agentes han presentado un escrito a la juez del caso para solicitar la inejecución del fallo, que anula los nombramientos de los policías y ordena repetir el proceso selectivo
José Luis Sanz asume que tendrá que echar a los policías de la oposición declarada nula por la justicia
El caso judicial del amaño de las oposiciones de la Policía Local en 2012 aún no tiene escrito su epílogo. A principios de esta semana se conocía que la juez del Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla había dictado un auto pidiendo al Ayuntamiento de Sevilla un informe sobre los motivos por los que no ha ejecutado la sentencia de junio de 2020. Este paso de la juez estaba motivado por la petición del denunciante para la ejecución del fallo. Sin embargo, en la mesa de la magistrada también existe un escrito de la defensa de 33 policías solicitando no ejecutar la sentencia alegando, entre otros motivos, la «seguridad ciudadana». La falta de acción del gobierno socialista de Antonio Muñoz en el Ayuntamiento de Sevilla deja la pelota, de nuevo, en manos de la Justicia.
La sentencia de la juez, tras agotarse todas las opciones de recursos, tomó firmeza el pasado 18 de abril. En ese momento se abría un periodo de dos meses para que el Ayuntamiento de Sevilla ejecutara el fallo adoptado por la magistrada. Sin embargo, nada se hizo en el seno de la administración local, que estaba obligada a repetir el proceso selectivo desde el examen práctico y anular 45 nombramientos de policías: uno ha fallecido, cinco prestan servicio ahora en municipios de Málaga y Cádiz, tras una permuta de agentes, y cinco ya tienen categoría de oficial. Además, de los 44, quince están admitidos como aspirante en un proceso de promoción interna para ser oficial y uno está admitido en un proceso para plaza de subinspector. En total, 34 siguen prestando servicios en Sevilla.
Pero el anterior gobierno municipal, del socialista Antonio Muñoz, no hizo, dejando este asunto abierto para el nuevo gobierno de José Luis Sanz, y eso pese a que contaba con, al menos, dos informes jurídicos que concluían que tenía que cesar a los agentes cuyos nombramientos fueron anulados, pero con ciertos matices. Los informes están firmado por el jefe del Servicio de Recursos Humanos y el letrado jefe del Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso.
El primer informe concluía que la ejecución de la sentencia «exige» cesar en la condición de funcionarios a los 34 agentes afectados por la sentencia; excluir a los quince policías inmersos en el proceso de promoción interna para oficial; iniciar procedimiento de revisión con la finalidad de declarar la nulidad de la permuta de los agentes que están en otros pueblos y el ascenso de otros cinco agentes: «anulados sus nombramientos como policía local han dejado de reunir el requisito imprescindible para participar en procesos selectivos». Y, por supuesto, retrotraer el proceso selectivo de 2012 al momento previo al caso práctico.
Por su parte, el letrado-jefe del Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso del Ayuntamiento, en un segundo análisis, apoyaba el cese de los 34 agentes y excluir del proceso de promoción interna a otros quince, pero explicaba que tanto las permutas como los ascensos se produjeron en bases a resoluciones «plenamente válidas y ejecutivas».
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En asunto, el TSJA, que confirmó la decisión de la juez en marzo de 2021, le reprochó al Consistorio precisamente que no hubiera actuado rápidamente y optó. Ahora, la inacción del gobierno de Muñoz lleva al asunto a la mesa de la juez, pues el 18 de junio, el día después de la toma de posesión del nuevo alcalde, José Luis Sanz, concluía el plazo de dos meses para acatar la sentencia. A partir del día 19, cualquiera de las partes podía instar la ejecución del fallo. Y así ha sido por parte del opositor denunciante. Pero también tiene la juez un escrito de la defensa de 33 de los agentes cuyos nombramientos son nulos solicitando la inejecución.
El precedente de Málaga y otros motivos
Y lo hace en un escrito de 17 folios, según han señalado a este periódico fuentes del caso, en los que recoge una serie de motivos por lo que entiende esta parte que no hay que anular los nombramientos ni repetir las oposiciones, partiendo del antecedente ocurrido en Málaga, donde la Justicia anuló las oposiciones de 2002 que afectaban a más de noventa agentes. En ese caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aceptó no ejecutar su propia sentencia por una cuestión de «seguridad ciudadana».
La merma en la plantilla de la Policía Local de Sevilla en caso de anular 45 nombramientos sería importante. Pero el letrado de los agentes expone más argumentos. Algunos de los agentes afectados por este asunto tienen padecimientos médicos, por lo que no podrían superar el proceso selectivo. «Sería inviable por una cuestión de desigualdad».
Hay cinco agentes que están en otros municipios por un proceso de permuta. «¿Cómo se anula el nombramiento de quién ya no es policía local en Sevilla?», se preguntan dichas fuentes. Nadie advirtió a dichos municipios de que estos agentes estaban en un proceso judicial con resultado de posible nulidad de las oposiciones.
De otro lado se manifiesta en dicho escrito que la composición del tribunal no está anulada, pero no puede repetirse porque, entre otros motivos, algunos miembros del mismo ya están jubilados.
Y, como en el caso de Málaga, en caso de aceptar la juez la inejecución de la sentencia, solicita el abogado de los agentes que se indemnice a la persona denunciante por parte del Ayuntamiento, la administración demandada.
