Propietarios de Matalascañas acuden a la Fiscalía para frenar la zona azul
Denuncian que el plazo de 30 años aprobado para la concesión del estacionamiento regulado vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, que establece un máximo de cinco años salvo justificación clara
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La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha presentado una solicitud ante la Fiscalía Provincial de Huelva para que intervenga en lo que consideran una actuación ilegal por parte del Ayuntamiento de Almonte. Los vecinos sostienen que la reciente aprobación del contrato para la concesión del servicio de estacionamiento regulado en el núcleo urbano de Matalascañas, vinculado al asfaltado de la urbanización, podría infringir la Ley de Contratos del Sector Público y ser constitutiva de delito.
Concesión en entredicho
El conflicto se originó a raíz de la aprobación, el pasado 17 de diciembre, del pliego de cláusulas administrativas que regula la licitación del servicio de gestión de estacionamiento (ORA). Dicho contrato establece una concesión de 30 años, una duración que los propietarios califican de irregular. Amparándose en el artículo 29.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, apuntan que ese tipo de acuerdos no debería exceder los cinco años, salvo que se justifique que el período es necesario para recuperar las inversiones iniciales y las que se realicen durante la vigencia del contrato. A su juicio, en este caso no se ha presentado ninguna justificación al respecto.
El punto clave de la controversia es la decisión de unir la gestión del estacionamiento regulado al mantenimiento del asfaltado de la urbanización de Matalascañas. La Asociación de Propietarios considera que se trata de una maniobra arbitraria, carente de sustento técnico sólido, que busca prolongar de forma artificial el período de la concesión. Además, añaden que esta vinculación reduce la competencia, dado que impide que empresas especializadas en un único servicio concurran en igualdad de condiciones.
Según señalan, la Comisión Europea ya ha planteado denuncias similares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues la unión de servicios de naturaleza distinta contraviene la normativa vigente y restringe la libre concurrencia. De hecho, muchas empresas no disponen de los medios técnicos ni económicos para abarcar ambos cometidos.
Perjuicio para la población
La Asociación también llama la atención sobre la ausencia de un interés general que justifique el establecimiento de esta zona azul. Aseguran que el estudio de viabilidad no demuestra que la medida vaya a generar un beneficio real para la localidad ni que sea la solución idónea para mejorar la movilidad o favorecer la rotación de vehículos.
Lejos de solucionar posibles problemas de tráfico, los vecinos sostienen que la finalidad esencial del Ayuntamiento es recaudar fondos para costear el asfaltado. De este modo, consideran que se garantiza la rentabilidad de la empresa concesionaria, pero a costa de residentes, trabajadores y visitantes.
Respecto a las repercusiones de la medida, los propietarios muestran su preocupación por las consecuencias que podría tener sobre el tejido empresarial local. Aluden a que la zona azul afectaría de manera directa a comercios, chiringuitos, hoteles y a los trabajadores vinculados a estos sectores. A su entender, esto agravaría la delicada situación económica que ya sufre un buen número de familias en Matalascañas.
Acciones legales
Además de la solicitud ante la Fiscalía, la Asociación ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz y ha registrado alegaciones ante el Ayuntamiento de Almonte. Rechazan de forma contundente el servicio de estacionamiento regulado y anuncian que agotarán todas las vías legales para detener lo que definen como un «ataque» a los derechos y a la economía de la comunidad.
En su opinión, las iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento reflejan un «afán recaudador» y un «menosprecio» a los vecinos. Por ello, piden a las autoridades competentes que tomen medidas para salvaguardar los intereses de la población de Matalascañas.
