El nuevo puente sobre el Guadiana: del enfado portugués al problema de los accesos
Tras años de retrasos y tensión política entre España y Portugal, el reto ahora es verlo materializado antes de que expire el plazo y se pierdan los millones europeos
En la orilla española, el asunto de los accesos al puente promete ser terreno abonado para el enfrentamiento entre administraciones
España y Portugal construirán un nuevo puente sobre el Guadiana en Huelva
Un puente hacia el desarrollo de Sanlúcar de Guadiana
La conexión física entre Alcoutim, en el Algarve portugués, y Sanlúcar de Guadiana, en la provincia de Huelva, ha sido un sueño largamente acariciado por ambas localidades. Sin embargo, este proyecto ha estado marcado por años de promesas incumplidas, retrasos y desencuentros entre los dos países. Aunque en noviembre de 2022 se firmó un acuerdo para la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Guadiana, las disputas políticas y la lentitud burocrática, especialmente por parte de España, han puesto en peligro la viabilidad del proyecto y la pérdida de muchos millones procedentes de la UE. Solo en los últimos días, tras intensas quejas desde Portugal y la presión política interna, España ha dado el visto bueno definitivo, lo que no significa que los problemas relacionados con este infraestructura hayan terminado
Un sueño postergado
La idea de construir un puente entre Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana no es nueva, ni muchos menos; sus vecinos llevan décadas escuchando hablar del puente, una conexión que, más allá de su valor simbólico, representa una necesidad práctica. Actualmente, quienes desean cruzar el río deben recorrer más de 70 kilómetros por carretera o utilizar una pequeña embarcación. La construcción de un puente facilitaría el acceso entre ambos municipios y reduciría drásticamente el tiempo de viaje, ofreciendo innumerables beneficios económicos y sociales para el Alentejo y el Andévalo, dos comarcas que se cuentan entre las de renta más baja de sus respectivos países.
El enfado portugués comenzó a manifestarse abiertamente a lo largo de 2024, cuando desde el Algarve aumentaron las críticas hacia el Gobierno español por su aparente falta de interés en el proyecto. A pesar de que Portugal había cumplido con los trámites necesarios, incluidos el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental, España no había dado el visto bueno ni aclarado quién financiaría los accesos al puente desde su territorio. La situación se volvió aún más tensa cuando el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR) del Algarve, José Apolinário, criticó duramente al gobierno de Pedro Sánchez, acusando a España de bloquear el avance de la obra.
Esta falta de compromiso por parte de España derivó incluso en un conflicto político en Portugal. El dinero destinado para el puente provenía del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) de la Unión Europea, lo que significa que debía gastarse antes de 2026 o se perdería. El retraso en el inicio de las obras llevó a que figuras del Partido Socialista y del PSD en el Algarve acusaran al anterior Gobierno portugués de haber gestionado mal el proyecto, al no garantizar primero un acuerdo con España. Para muchos, el puente estaba en riesgo de convertirse en un proyecto fantasma que nunca se materializaría.
Acuerdo final y problemas a la vista
A pesar de las tensiones, en los últimos días se alcanzó un acuerdo que permitirá finalmente la construcción del puente, desbloqueo facilitado por la presión ejercida por parte de las autoridades portuguesas en la Cumbre Ibérica celebrada en octubre de 2024. El acuerdo firmado entre los dos países dará cobertura al inicio de las obras y pone fin a una incomunicación que ha durado décadas. Aunque este paso representa un avance significativo, todavía quedan problemas serios por resolver, como la financiación de los accesos al puente en territorio español, que apunta a convertirse en el próximo campo de batalla entre la administración central y la andaluza.
La Junta ha subrayado la necesidad de garantizar que estos accesos estén bien planificados y financiados, de manera que se desarrollen rutas adecuadas que conecten el puente con las redes viales existentes en ambos lados de la frontera, ya que de no ser así podrían verse muy limitados los beneficios económicos que se esperan del puente.
