Narcotráfico en Huelva: la Fiscalía estudia pedir cárcel para los petaqueros y acabar así con el negocio
La fiscal antidroga ha empezado a asumir todas las causas que hasta ahora se venían archivando en los juzgados onubenses para reclamar condenas por delitos de tenencia y transporte de sustancias inflamables que conllevan penas mínimas de cuatro años de prisión
Los salarios del narco en Huelva: de los 300 euros por petaca a los 60.000 por proteger una goma en el mar
Hace unas semanas se difundía un vídeo de un conocido petaquero de Isla Cristina insultando a unos guardias civiles. Era la constatación del nivel de impunidad que ha alcanzado este negocio que forma parte de la industria auxiliar del narcotráfico ya que sin combustible no se pueden mover las lanchas que introducen la droga por la costa onubense. Pero esa realidad tan evidente no es fácil de probar ante un tribunal, porque la gasolina no es una sustancia ilegal como sí lo es el hachís o la cocaína. Cuando se produce una aprehensión, los investigadores tienen que aportar pruebas de que ese material iba a ser usado por los narcos. Y por esa gatera de difícil prueba se están escapando unos petaqueros que se están haciendo de oro abasteciendo a los narcos.
A pesar de las numerosas incautaciones de petacas que realiza la Guardia Civil en la costa onubense, los procedimientos se acaban archivando sin consecuencias penales y eso ha generado un clima de impunidad que quiere cortar de raíz la Fiscalía Antidroga de Huelva, en consonancia con la estrategia que han empezado a seguir otras fiscalías andaluzas. Según explica la fiscal delegada Ana Laso a Huelva24, a raíz del incremento de incautaciones de litros de combustible registrado en 2024 y que consta en su memoria de actividad, ha decidido asumir todas las causas que se inician después de cada intervención contra los petaqueros y que hasta 2024 acababan como asuntos menores en el juzgado de turno que tocara.
El objetivo de esta estrategia no es otro que plantear acusación con penas de cárcel para unas personas que hasta ahora han visto cómo sus actos no tienen consecuencias. La Fiscalía apuesta por perseguir estos delitos a través del artículo 568 del Código Penal que castiga la tenencia, depósito, fabricación, tráfico, transporte o suministro sin autorización de sustancias explosivas o inflamables. Un tipo penal que lleva aparejadas penas de cuatro a ocho años de cárcel para promotores y de tres a cinco para cooperadores.
Ya hay un tribunal andaluz que ha asumido esta interpretación jurídica que hace el Ministerio Público. Se trata de la Audiencia de Cádiz, que en un reciente auto le ha dado la razón a la Fiscalía gaditana en su recurso contra la decisión de un juez de Algeciras de poner en libertad provisional sin fianza a un hombre que había sido detenido con más de 5.000 litros de combustible para suministrar a las narcolanchas. El magistrado ponente concluye en la resolución que la conducta del petaquero «es perfectamente incardinable» en el artículo 568.
148.000 litros incautados en 2024
Por ahora no se ha presentado ninguna acusación ante los juzgados onubenses porque este giro de timón se ha producido a principios de año, tras la constatación del volumen tan elevado de combustible requisado el año pasado. Según la memoria de la Fiscalía Antidroga, los cuerpos policiales requisaron 148.000 litros. Una cantidad que previsiblemente sea superada en este 2025 teniendo en cuenta el ritmo tan intenso de incautaciones que está realizando la Guardia Civil. En la última actuación, conocida este martes, los agentes requisaron de una sola tacada casi 3.000 litros en dos embarcaciones, en Isla Cristina.
En el informe de la fiscal antidroga, avanzado por este periódico hace unos días, se ponen cifras al negocio del petaqueo, tomando como referencia la unidad mínima con la que trabajan estos transportistas, que es el bidón o garrafa de unos 25 litros y un precio medio de unos 38 euros. Los narcos están pagando «a los chavales» unos 10 euros, además del coste del combustible, por rellenar un recipiente en una gasolinera. «Si el petaquero pone la gasolina, esa misma garrafa ya pasa a pagarse entre 60 y 80 euros», detalla la fiscal Ana Laso. El suministro en la misma costa, como es la ría de Isla Cristina -uno de los principales puntos de suministro de los narcos- la garrafa pasa a pagarse a 200 euros. Si se realiza el aprovisionamiento a un par de millas del frente costero, el precio de ese mismo bidón se incrementa hasta los 250 euros y puede alcanzar los 300 euros si hay temporal. Es decir, que el precio en origen puede multiplicarse hasta un 800%. Unas cifras que están avivando un negocio que desde la Fiscalía quieren poner fin.
