La Junta sube un 26% el precio máximo de las VPO en Huelva para atraer a los promotores privados
El objetivo es compensar el aumento de costes de construcción aumentando los márgenes de venta
Además, quienes promuevan vivienda protegida podrán obtener préstamos ventajosos, bonificaciones fiscales y una tramitación administrativa más rápida
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El Gobierno andaluz ha decidido dar un impulso al mercado inmobiliario andaluz con una medida que persigue reactivar la construcción de vivienda protegida. Para ello aumentará el precio máximo de las VPO, un incremento que en la provincia alcanzará el 26%, elevando el precio tope de 1.700 a 2.144 euros por metro cuadrado. El objetivo es claro: incentivar a los promotores privados a construir este tipo de inmuebles, ofreciéndoles mayores márgenes de beneficio que compensen el alza de los costes de construcción.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido esta medida como un «reequilibrio necesario para garantizar el acceso a la vivienda sin estrangular la iniciativa privada». El cálculo del nuevo precio máximo se basa en una fórmula técnica que actualiza los parámetros territoriales. Partiendo de un módulo base regional de 894,36 euros por metro cuadrado útil de vivienda, se aplica un coeficiente específico para Huelva. Este ajuste sitúa ahora las viviendas protegidas en el 72% del valor medio del mercado libre, que ronda los 2.972 euros por metro cuadrado en nuevas promociones.
Para los promotores, este cambio representa una oportunidad para aumentar sus márgenes de beneficio. Así, considerando los costes medios de construcción de 1.410 euros por metro cuadrado, el margen podría incrementarse de 290 a 454 euros por metro cuadrado. Además del aumento del precio máximo, la Junta ha implementado un paquete más amplio de incentivos. Los proyectos que superen las 250 VPO podrán acceder a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), lo que agilizará su tramitación administrativa. Asimismo, se permitirá aumentar la densidad edificatoria en un 20% en solares destinados a protección oficial.
Bolsa de suelo
El debate técnico se centra en la sostenibilidad de este modelo y en la disponibilidad de suelo adecuado para la construcción de VPO. La Junta ha establecido que los municipios con más de 100.000 habitantes tienen tres meses para informar sobre los suelos disponibles destinados a vivienda protegida, mientras que los municipios más pequeños disponen de un año. De este modo, el Ejecutivo andaluz busca crear una bolsa de suelo que facilite la planificación y ejecución de nuevas promociones de VPO.
Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda en alquiler asequible, que aporta mejores condiciones que las del mercado. De igual forma, la Junta de Andalucía abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya.
Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.
La Junta defiende que este decreto ofrece un equilibrio entre estímulos e instrumentos de control. Cada promotor deberá firmar un convenio vinculante que garantice el destino social de las viviendas durante 30 años, con cláusulas de reversión en caso de incumplimiento de los precios pactados. Además, se creará un fondo de compensación para municipios que superen el 20% de VPO en su parque residencial, financiado con el 1% de la recaudación por licencias de obra mayor.
Aunque el verdadero termómetro del éxito de estas medidas podremos verlo en los próximos meses, la Asociación de Promotores de Andalucía (Fadeco) ha valorado positivamente el decreto y confía en que genere, de inmediato, una mayor oferta de vivienda protegida, hoy tan escasa. Por contra, desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar, argumentando que con este decreto estaría primando el beneficio privado sobre el derecho constitucional a la vivienda.
