El Gobierno insiste en que el cambio de calificación favorece al aeropuerto de Huelva
Según la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se trata de un «paso adelante»
El Ejecutivo se reunirá con los promotores antes de publicar la orden ministerial definitiva
Espaldarazo de los empresarios al aeropuerto de Huelva, con nuevos accionistas, mientras el Gobierno plantea retirarle el interés general
El Gobierno deja a la Junta la decisión sobre el aeropuerto de Huelva al dejar de calificarlo como «de interés general»
El Gobierno ha insistido este jueves en que el cambio en la calificación del aeropuerto de Huelva, que pasaría a dejar de ser de interés general, favorece al proyecto y es «un paso adelante». Así lo ha asegurado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, que ha aseverado que esta decisión no tiene nada que ver con el apoyo al proyecto del Gobierno, que va a seguir «facilitando, ayudando y colaborando a que sea una realidad. Lo único que cambia es el apellido, la calificación».
Según ha detallado, después de que los promotores aseguraran este mismo miércoles, en el acto de firma de la ampliación de capital del proyecto, que no habían recibido notificación oficial alguna, que el cambio de catalogación se plasmará en una orden ministerial y se publicará, «pero previamente vamos a reunirnos con los promotores para explicarle con todo detalle y de manera motivada cómo va a ser y las causas que lo motivan, que se encuentran en la modificación de la ley».
Motivos normativos
Así, la subdelegada ha argumentado que la declaración de interés general para el aeropuerto de Huelva «ya no tiene cabida porque iba vinculado al tráfico internacional», algo que cambia en la legislación de 2011.
«El tráfico internacional que vinculaba y obligaba a que se calificase de interés general ahora ya no existe. Solamente hay un catálogo de cinco tipos de aeropuertos que tienen que llevar el apellido de interés general, que son la defensa nacional, que compartan un ámbito con lo civil, que se puede incorporar en una red transeuropea y como ya no está, después de un estudio arduo, después de un informe jurídico de la abogacía del Estado, después del análisis de la planificación económica, el Gobierno ha tomado esa determinación«, ha asegurado.
