Propietarios de Matalascañas alegan contra el proyecto de zona azul por ser «ilegal» y «sólo buscar recaudar dinero»
Consideran que la implantación de esta ordenanza «no soluciona ningún problema» al no mejorar la movilidad ni permitir la rotación
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La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha comunicado que este miércoles 16 de octubre presentó alegaciones contra el proyecto de implantar la zona azul en todo el núcleo urbano. Exigen la retirada de este plan municipal «por ser ilegal y no proponer ninguna solución a los problemas que se enumeran». «Sólo buscan el recaudar dinero de los propietarios, residentes, trabajadores y empresarios, en un impuesto más, durante 30 años«, resalta.
Los propietarios entienden que la implantación de la zona azul «no soluciona ningún problema y se realiza con afán de recaudar dinero« y por ello han luchado contra esta medida desde abril de 2012. Recuerdan que en el año 2013 intentó sacar adelante esta media el gobierno del PP y en 2016 el PSOE. En ambos casos se logró frenar y también se pretende que no siga adelante el plan bajo el equipo de gobierno actual de Ilusiona.
«Ahora gana las elecciones, por mayoría absoluta, Ilusiona, con Francisco Bella como alcalde y, tras subir las tasas e impuestos un 35%, no se le ocurre nada más brillante que intentar, otra vez, implantar la Zona Azul en toda Matalascañas«, lamenta la asociación que critica la justificación municipal de que »hay escasez de aparcamientos disponibles« ante el aumento del parque automovilístico y que eso dificulta la realización de gestiones y es necesaria una regulación del servicio de estacionamiento limitado en el tiempo, de vehículos en la vía pública, »al objeto de satisfacer ese interés general«.
6.600 aparcamientos
En dicho Plan de Viabilidad se define que dicha Zona Azul se extiende en todo el núcleo urbano, con distintas tarifas, pero afecta el servicio de interés general a todas las vías públicas que existen en Matalascañas: 6.600 aparcamientos, por tanto, «la posibilidad de rotación es nula, ya que no existirán vías públicas donde se pueda aparcar sin tener que abonar el servicio y más aún cuando se establecen precios por día«.
Establecer zona regulada en toda la playa, de forma particular en zonas exclusivamente residenciales, carentes de por sí de aparcamientos, constituye «un abuso de derecho, ya que la zona regulada no gestiona el aparcamiento en zonas residenciales donde el aparcamiento dura las 24 horas del día«, sostiene la asociación, que resalta que se demuestra que »esta medida no conseguirá una distribución racional y equitativa de los estacionamientos«.
«No mejora la movilidad»
«No mejora la movilidad, no permite la rotación, no se cumplen ninguno de los objetivos por lo que se pretenden implantar esta ordenanza», insiste la asociación, que afirma que «parece que el objetivo último, y no declarado por el Ayuntamiento de Almonte, no es otro que recaudar unos fondos que se destinarán a asfaltar Matalascañas«.
En esta línea, indica que el estudio de viabilidad «no justifica el interés general que debiera suponer un beneficio social, en la población de Matalascañas», siendo esta una de las justificaciones que exige la Ley 9/2017 de contratos del sector público en su artículo 247. Así mismo no justifica «en ningún momento que la solución elegida sea la adecuada, también exigido legalmente«.
Desde esta Asociación de Propietarios de Matalascañas exponen que les parece «ilegal vincular a la prestación del servicio de interés general ORA, al asfaltado de toda la playa de Matalascañas; cuestión que nada tiene que ver con el estacionamiento». Esta obra de mantenimiento del viario debe salir, a su juicio, «del presupuesto municipal y no de la prestación de un servicio, que deben abonar los ciudadanos«.
Según la ley, los servicios públicos deben recaudar el coste del servicio, únicamente el coste; nunca se puede cobrar por encima del valor del servicio, comenta la asociación, que subraya que «vincular el asfaltado de Matalascañas con el servicio de la ORA, es incrementar el coste del servicio de una forma ilegal«.
Al vincular el asfaltado de la playa a la zona de aparcamiento regulado, lo único que se pretende es« financiar la obra del asfaltado y asegurar la rentabilidad a la empresa concesionaria a costa exclusivamente de esquilmar el bolsillo de su población de propietarios, trabajadores/as y flotante; y que la duración de la concesión sea de 30 años y no de 5 como marca la legislación, salvo excepciones», recalca la asociación.
Repercusión en los negocios
Los propietarios entienden que las Actuaciones preparatorias del Contrato de Concesión de Servicios de Regulación de Estacionamiento de Vehículos (ORA) en el Núcleo Urbano de Matalascañas, aprobada en el Pleno municipal el 17 de septiembre de 2024, «no cumple con la legislación vigente, ni tan siquiera la publicación en sede electrónica (tablón de anuncios) de dicho proyecto, art. 247.3 de la Ley 9/2017».
«Rechazamos totalmente la aplicación de las mismas que sólo demuestran el afán recaudador del nuevo equipo de Gobierno de Almonte y el menosprecio hacia la ciudadanía de Matalascañas», siendo los propietarios a los que «nos saquean nuestra, ya de por sí, maltrecha economía»; por no mencionar «los múltiples problemas que generarán en los comercios, chiringuitos, hoteles y por supuesto en la economía de sus trabajadores y trabajadoras, así no se solucionan los problemas de Matalascañas«.
