Continúa la batalla legal por el proyecto de las torres de Punta Umbría: UPU volverá a denunciar a la alcaldesa

El portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) en el Ayuntamiento de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado este domingo que su formación volverá a llevar a los tribunales el nuevo acuerdo de  venta de las parcelas de las torres que pretende aprobar la alcaldesa el próximo miércoles en pleno incumpliendo la LOUA y la propia sentencia firme que anuló el primer proyecto. 

“El equipo de gobierno obvia lo resuelto en su día por el Juzgado, y a sabiendas de ello vuelven a intentar vender de nuevo y a los mismos de forma ilegal las parcelas para un proyecto también ilegal”, argumenta Hernández Cansino.

José Carlos Hernández señala que “los juzgados han declarado hasta en cinco sentencias que el proyecto era ilegal y que nunca debieron adjudicarlo cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo”, aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”.

Según recuerda, “existen todavía cinco procedimientos judiciales pendientes de resolver: dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, otro contencioso contra el primer trámite de la nueva venta y otros dos interpuestos por la propia empresa Riaumbría”.

“El juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender”, insiste Cansino.

Para Hernández Cansino, “la alcaldesa, pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo. Así lo reconoció la justicia y ahora se vuelve a saltar a la torera las resoluciones judiciales para volver a beneficiar a los mismos. Todo esto lo  tendrá que pagar de su bolsillo primero, y luego irse”.

Por último, el portavoz de UPU insiste en que los eventuales daños que se han generado y se generarán en esta nueva intentona ilegal tendrán que asumirlos quienes lo han aprobado incluso incumpliendo las sentencias judiciales recaídas”. Así, según Cansino, los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo ”.

Según el portavoz de UPU, para depurar las responsabilidades en las que ya se ha incurrido “se interpondrán denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación,  acción contable para reclamar  al equipo de gobierno la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto, que se ampliarán con las que se generarán con esta nueva intentona de venta ilegal”.