El portavoz del grupo municipal del PP de Almonte celebra la suspensión del congreso local

Nuevo capítulo en el sainete que en los últimos días está ofreciendo la dirección provincial del Partido Popular de Huelva. A la interposición de una gestora y la consiguiente retirada de las competencias de la ejecutiva local almonteña, a juicio de la misma, «sin fundamentos objetivos, sin garantías y en flagrante incumplimiento de los estatutos del propio partido», sucedió la convocatoria de un congreso extraordinario que habría de celebrarse el próximo lunes 5 en una instalación municipal de Almonte, sin que hubiesen sido convocados los militantes del PP de Almonte en tiempo y forma y por tanto, sin posibilidad de que cualquier afiliado pudiera presentar una candidatura alternativa a la impuesta por el provincial.

Hoy, y después de acudir los populares almonteños a la Comisión de Derechos y Garantías, el provincial ha decidido dar marcha atrás y desconvocar un congreso que obviamente podía ser impugnado por incumplir las más básicas normas estatutarias, al no haber sido convocado con los 15 días de antelación que establece el reglamento. Pero, además, según denuncia el portavoz popular en Almonte, Miguel Ángel Jiménez García, «en su afán por descabezar a la agrupación local y allanar el camino al alcalde de Almonte –el independiente Francisco Bella–, el provincial ha dictaminado la apertura de un expediente disciplinario a dos de los concejales del grupo municipal». La justificación de esta medida, según la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, reside en las declaraciones realizadas en los últimos días por el portavoz popular almonteño, y establecer «un procedimiento con garantías».

«Resulta cuanto menos paradójico que la señora Centeno, que no ha tenido ni la elegancia ni el decoro de comunicar las decisiones del provincial en tiempo y forma a esta agrupación, hable ahora de garantías», valora el portavoz municipal del PP, al que también sorprende que sea «el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión la excusa utilizada por el provincial para tomar medidas disciplinarias contra dos concejales».

«Evidentemente, lo de las garantías es un pretexto para ocultar la incapacidad de una secretaria general que ni siquiera conoce los estatutos del partido que dirige, convocando a los órganos sin ni siquiera comunicar a sus integrantes el orden del día establecido, un auténtico despropósito», según Jiménez. Para el portavoz del grupo municipal, «resulta vergonzoso ver cómo las garantías se han activado ahora a la espera del dictamen del Comité de Derechos y Garantías y no cuando la agrupación

local acudió al mismo órgano para recurrir la puesta en marcha de la gestora, ya que una semana después de esta decisión el provincial convocó un congreso sin esperar su dictamen». Un congreso, según Jiménez, «absolutamente irregular, tal y como advertimos en su momento, y como queda demostrado con la marcha atrás dada por un órgano que ha sido convocado in extremis con menos de 24 horas de antelación».

Jiménez ha anunciado que, en vista de que el procedimiento está completamente viciado, acudirá a los tribunales en defensa de unos derechos «que están siendo atropellados por unos intereses que van más allá de los electorales».