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Penas mínimas para el sargento que le abrió las puertas de Doñana a los narcos
La lentitud del procedimiento, que ha tardado casi siete años en juzgarse, ha sido clave para rebajar la condena del que fuera jefe del destacamento del Seprona y de otros trece acusados
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La lentitud de la Justicia y los retrasos en la tramitación de un caso de narcotráfico y corrupción policial han sido determinantes para que un escándalo mayúsculo, como fue la detención del que fuera jefe del destacamento del Seprona en Doñana por colaborar con los narcos, se haya cerrado con penas mínimas. La caída de este sargento 1º se produjo en mayo de 2018, pero no ha sido hasta el pasado 13 de marzo cuando la Audiencia Provincial acogió un juicio que al final no se celebró al alcanzar las partes un acuerdo. Encima de la mesa estaban los casi siete años que habían transcurrido desde que Asuntos Internos detuvo al mando y éste se ha acabado sentando en el banquillo. Una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas que ha jugado a favor de los acusados.
La sentencia a la que ha tenido acceso Huelva24 ha sido dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva. En ella se recogen penas que en ningún caso exceden los cuatro años para los 14 procesados, entre ellos el principal protagonista de este caso: Carmelo N. M., que ahora tiene 65 años, y que en el momento de la detención lideraba el destacamento del Seprona, encargado de la vigilancia del Parque Nacional. Para él, la sentencia impone una pena final de 3 años y 3 meses por los delitos de tráfico de drogas, cohecho, pertenencia a grupo criminal, delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. El resto de procesados son miembros de organizaciones locales de traficantes para los que colaboró el agente, quien acabó convirtiéndose «en un eslabón fundamental«, como describe el tribunal.
La Justicia fija en el año 2016 el inicio de la actividad delictiva de este sargento, «el cual se prevalecía de su posición privilegiada dentro del Parque Nacional de Doñana para introducir la sustancia ilegal en nuestro país», detalla la sentencia. Su participación consistía en ofrecer la información necesaria a los narcos de cuándo debían meter los cargamentos, qué caminos usar e incluso llegaba a abrirles las puertas del perímetro para que se adentraran en un vasto terreno donde los delincuentes tenían asegurada la intimidad porque en Doñana el acceso está restringido.
«Proporcionaba la apertura de la puerta para la entrada y la salida segura de los vehículos que transportaban la mercancía (...). Estos vehículos recorrían los caminos intransitados del parque hasta llegar a un punto seguro (guardería)». Además de franquearles el paso, alertaba a los narcos de los movimientos de las patrullas de los compañeros e incluso les entregaba los partes con los horarios de trabajo de las unidades que trabajan en esa zona como la Pafite o el mismo Seprona. Por proporcionar esos cuadrantes, el acusado habría recibido entre febrero de 2018 hasta su detención en mayo de ese año 5.000 euros.
Facilitó información a una organización sobre la estancia del presidente Rajoy en el Palacio de las Marismillas para que abortaran la entrada de hachís
Entre los episodios que describe la sentencia y en los que tuvo una participación directa el principal acusado se relata uno sucedido en abril de 2017, cuando facilitó información confidencial sobre la estancia del presidente Mariano Rajoy en el Palacio de las Marismillas, a uno de los narcos para que abortara cualquier entrada de droga porque en esos días se había aumentado la vigilancia en el interior del parque nacional.
Intento de robo en el puerto de Huelva
El tribunal destaca cómo el sargento se ofrecía a los traficantes de los que cobraba a modo de anticipo cantidades que oscilaban los 3.000 euros. Pero además de facilitar los alijos en Doñana, «en otra vertiente de la escala delictiva del acusado», colaboró también en el intento de sustracción de 600 kilos de droga que habían sido decomisados y depositados en el puerto de Huelva. Para ello, echaron mano de un policía portuario para que les facilitara el acceso, relata la sentencia; si bien este funcionario no ha sido juzgado en esta causa. «Abordaron varias embarcaciones que se encontraban depositadas, al objeto de violentarlas y extraer de ellas la sustancia estupefaciente que pudiera seguir oculta de su interior, sin conseguir al final su objetivo por no hallarse el hachís en el sitio indicado».
Además de colaborar con los narcos, la Justicia lo condena por haberse metido en las bases de datos policiales para obtener información sobre placas de matrícula e incluso datos personales de terceras personas que después compartía sin tener ningún tipo de autorización.
La sentencia recoge cómo en el momento de la detención, llevada a cabo el 4 de mayo de 2018, los agentes que lo estuvieron investigando hallaron 34.800 euros escondidos en el sofá del pabellón-vivienda que ocupaba en la casa cuartel donde vivía. Tras su detención fue enviado a prisión provisional por el juzgado que instruyó la causa, el juzgado nº 2 de la Palma del Condado; si bien saldría en libertad meses después.
Siete años después de aquello, su abogado alcanzaba hace unas semanas un acuerdo con la Fiscalía que tenía en su contra los retrasos que había acumulado la causa y que no podían ser achacables a los procesados. El antiguo funcionario policial admitía los hechos a cambio de una rebaja sustancial de las penas. Por tomar como referencia un caso similar, el jefe del acuartelamiento de la Guardia Civil en Isla Mayor (Sevilla) fue sentenciado a 14 años de prisión por hechos similares en el año 2019. En su caso, desde que fue detenido hasta que fue juzgado pasaron unos tres años.
La sentencia es firme y recoge también la suspensión del ingreso en prisión de varios de los acusados, todos aquellos que carecían de antecedentes antes de 2018, entre ellos el viejo sargento, a quien además se le tiene que devolver dos vehículos (uno de ellos un Mercedes) y una moto BMW que se le había intervenido durante la investigación y que no se ha podido acreditar que compró con dinero de la droga. Si se ha acordado el decomiso de los casi 35.000 euros incautados en su casa.
