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El juzgado abre juicio oral contra el alcalde de Almonte por revelación de secretos
El auto que acusa formalmente al regidor se dirige también contra la concejala María Victoria Cáceres por haber difundido una conversación privada del alcalde de Bonares
El PSOE pedirá en el próximo pleno de Almonte la dimisión de Francisco Bella tras el escándalo de la fotografía al móvil del alcalde de Bonares
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Palma del Condado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y su concejala de Urbanismo, María Victoria Cáceres, por presunto delito de revelación de secretos, según ha confirmado a Huelva24 la oficina de comunicación del TSJA.
Esta situación, que pone con un pie en el banquillo al regidor almonteño, tiene su origen en la denuncia formulada hace un año por el primer edil de Bonares, el socialista Juan Antonio García, a raíz de la difusión de una conversación privada de whatsapp.
Los hechos que han sido investigados por el juzgado y que han concluido con un auto que acusa formalmente a los dos investigados, tienen su origen en el enfrentamiento por el sistema de reparto de los fondos de Doñana. En un pleno municipal celebrado en febrero del año pasado, Bella mostró en una de sus intervenciones una fotocopia de una fotografía ampliada de una pantalla de un móvil donde se podía leer parte de una conversación de whatsapp entre el alcalde de Bonares y el portavoz socialista almonteño, Miguel Espina. El alcalde pretendía usar esa fotografía para arremeter contra el edil del PSOE por anteponer los intereses del partido a los de su pueblo en el reparto de fondos.
La fotografía captada sin permiso
Una imagen que había sido captada sin permiso y que se trataba de una conversación privada como denunció al instante el dueño del móvil que había sido fotografiado: el alcalde de Bonares. Por su parte, Francisco Bella aseguró entonces desconocer cómo había llegado esa imagen a la Alcaldía y quién la había hecho.
Un día antes de ese pleno municipal se había celebrado otro pleno ordinario, en este caso de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), en el Teatro Municipal Salvador Távora de Almonte. La sesión fue grabada por varias cámaras y en una de esas imágenes, que fueron difundidas por este periódico hace un año, se ve a una mujer que se encuentra sentada detrás del alcalde de Bonares que en esos momentos estaba escribiendo un mensaje en su terminal. La grabación capta a esta mujer sacando su teléfono móvil, haciendo zoom con la pantalla y realizando lo que parece una fotografía dirigida a la pantalla que tiene entre sus manos Juan Antonio García. Esa persona fue identificada como la concejala María Victoria Cáceres, quien en sede judicial, cuando fue interrogada por el juez, aseguró que no había podido hacer la foto y que al día siguiente le entregó una carpeta al alcalde con documentación que le había preparado su equipo pero que desconocía su contenido. Una versión que el juez tilda de «inverosímil» y sobraya que existen «indicios sólidos» de que fue ella la que realizó la fotografía.
El alcalde y la concejala aseguraron en sus declaraciones ante el juez desconocer el origen de la fotografía, pero una cámara grabó a la edil haciéndola en mitad de un pleno
Huelva24 ha tenido acceso al auto judicial dictado hace solo dos días y en el el juez descarta las peticiones de sobreseimiento de las actuaciones solicitadas por las defensas de los dos acusados al entender que hay «elementos suficientes» de la posible comisión del delito.
Otro de los argumentos esgrimidos por la representación letrada del alcalde de Almonte y la concejala de Urbanismo es que el contenido de la conversación que trascendió era público porque versaba sobre el posicionamiento favorable del PSOE a los criterios de reparto impuestos por el Ministerio y a los que el Gobierno de Almonte se opuso. Sin embargo, el juez recuerda que «dicha comunicación se utilizó como arma en el contexto de una discusión política en un acto de pleno«; es decir, que no debía ser del todo conocido que el grupo municipal socialista estuviera de acuerdo con los planteamientos del ministerio.
«Igualmente, no se puede defender que, porque el contenido tratado en una conversación privada sea de público conocimiento, ello ya excluye que la privacidad o intimidad de los interlocutores no quede afectada. Se obvia que puede ser información reservada, o secreto, si así se quiere, el hecho de mantener conversaciones con una determinada persona, con independencia de su contenido», concluye el juez que da un plazo de diez días a las partes para que recurran el auto o presenten escrito de acusación.
