Ya hay fecha para el juicio por las tasas que igualan terrenos de secano y regadío en Almonte

El Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Huelva ha establecido fecha para el juicio en el que se abordará la controversia en torno a la nueva ordenanza fiscal que afecta a los terrenos agrícolas de secano y regadío en el municipio. La vista se celebrará el próximo 12 de marzo de 2025, a las 11.45 horas, en la sala de vistas Nº 2 del juzgado en Huelva.

El procedimiento judicial surge a raíz del recurso contencioso-administrativo presentado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almonte, Miguel Ángel Jiménez García, quien ha manifestado reiteradamente su oposición a la «tarifa plana»de 300 euros por hectárea impuesta por el equipo de gobierno de Ilusiona. Según Jiménez, esta medida es «un ataque directo a la agricultura tradicional de secano, que históricamente ha sido un pilar de nuestra economía local y de la sostenibilidad del entorno de Doñana».

En sus declaraciones, Jiménez ha enfatizado la falta de equidad de la ordenanza al no distinguir entre cultivos de regadío y secano. «Pretenden que agricultores con explotaciones de secano, que obtienen un rendimiento mucho menor, paguen la misma tasa que aquellos que trabajan en terrenos de regadío. Esto no solo es injusto, sino que pone en peligro la viabilidad de muchas familias que dependen de estos cultivos», sostiene.

La subida en las tasas, que representa un incremento del 233% respecto a las tarifas anteriores, ha generado malestar entre los agricultores, especialmente aquellos que trabajan con cultivos tradicionales como el olivo y la vid. «No se ha consultado a los agricultores ni se han considerado las particularidades de cada tipo de cultivo. Esta ordenanza es un golpe de imposición y demuestra una total desconexión con la realidad de nuestro sector agrícola», critica Jiménez.

El grupo municipal popular ha argumentado que esta medida vulnera principios constitucionales como la proporcionalidad y la seguridad jurídica. En este sentido, Jiménez explica que el recurso busca «la anulación de una ordenanza que carece de justificación técnica y económica, y que no respeta los principios que deben guiar cualquier acción tributaria. No pedimos privilegios, solo justicia para quienes han dedicado sus vidas a la agricultura de nuestra tierra».

Jiménez ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de los agricultores del municipio, exigiendo una regulación que contemple la diversidad y características de los distintos tipos de cultivos. «Estamos hablando de familias que llevan generaciones dedicadas a la agricultura. Queremos que se escuchen sus voces y que se aplique un sistema de tasas justo, que no ponga en riesgo su futuro,» concluye Jiménez.