El doble castigo a Matalascañas: siete años de sanciones europeas y un paseo marítimo que se desmorona
Mientras Europa sanciona a España con 1,5 millones anuales por no depurar las aguas que amenazan Doñana, el mar avanza implacable sobre una costa abandonada a su suerte por el Gobierno desde hace décadas
Matalascañas se queda sin parte de su paseo marítimo: «Se veía venir»
Almonte reclama al Gobierno «medidas inmediatas» tras los «graves daños» causados por el temporal en Matalascañas
La privilegiada situación de Matalascañas, a las puertas de uno de los espacios naturales más importantes del continente, no sólo no parece haber beneficiado a la localidad a la hora de contar con las infraestructuras más básicas, sino que la ha convertido en paradigma del abandono institucional. Esta urbanización costera onubense lleva décadas atrapada entre dos crisis que evidencian esta desidia: por un lado, una playa que desaparece tras cada temporal sin que lleguen las prometidas regeneraciones; por otro, una depuradora declarada de interés general hace tres décadas que sigue sin construirse, provocando que España pague multas millonarias a la Unión Europea desde 2018. Todo ello mientras las aguas residuales amenazan la integridad del Parque Nacional de Doñana.
La situación de la depuradora de Matalascañas constituye uno de los casos más sangrantes de retraso en infraestructuras básicas del país. Declarada de interés general del Estado en 1993, casi 32 años después sigue sin ejecutarse,
Declarada de interés general del Estado en 1993, casi 32 años después sigue sin ejecutarse
convirtiéndose en uno de los principales focos de la sanción que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso a España en 2018 por incumplir la directiva de tratamiento de aguas residuales. Solo por la falta de esta instalación, España abona 1,5 millones de euros anuales a las arcas comunitarias, lo que suma ya más de 10,5 millones desde que comenzó a aplicarse la multa.
Y las últimas noticias no son, ni mucho menos, alentadoras. El proyecto, valorado en unos 30 millones de euros, no estará listo antes de 2028, lo que significa que España seguirá pagando esta sanción al menos hasta entonces, completando una década de multas. La situación se ha complicado aún más después de que en marzo del año pasado se determinara que el proyecto requiere una evaluación de impacto ambiental completa y no abreviada, como se pretendía para acortar plazos. Esta demora resulta especialmente grave considerando que las actuales instalaciones vierten directamente al litoral del Parque Nacional de Doñana tras un tratamiento insuficiente, como demuestran los episodios de contaminación registrados en 2021, cuando las aguas fecales afectaron a más de un kilómetro de playa.
La situación resulta especialmente grave considerando la ubicación de Matalascañas junto al corazón de Doñana. Diversos estudios científicos han demostrado que las extracciones de agua para abastecer a esta urbanización han afectado directamente a las lagunas peridunares del parque. La EDAR actual apenas soporta los primeros 15 minutos de una tormenta importante, vertiendo el resto de aguas residuales directamente al entorno de Doñana.
Mientras tanto, la factura que España paga por estos retrasos sigue creciendo. A los más de 10 millones abonados en multas por la depuradora, hay que sumar los daños económicos derivados de la pérdida de atractivo turístico, los costes de reparaciones de emergencia en el paseo marítimo y el impacto ambiental irreparable en un entorno natural protegido.
A los graves problemas de saneamiento que sufre de la localidad almonteña habría que sumar una erosión costera que ha alcanzado niveles críticos en los últimos meses, hasta el punto de que lo últimos temporales han provocado daños estructurales importantes en el paseo marítimo, especialmente en la zona de Caño Guerrero, donde la masiva retirada de arena ha dejado expuestas infraestructuras que ahora presentan un serio riesgo de derrumbe. El Ayuntamiento de Almonte ha calificado la situación de «alarmante» y ha lamentado que, pese a los reiterados avisos, el Gobierno central no haya dado una respuesta proporcionada.
En enero de 2025, siete años después de lo programado, el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a licitación un proyecto de regeneración de la playa por 4,9 millones de euros, que incluye la remodelación de nueve espigones y el aporte de 700.000 metros cúbicos de arena. Sin embargo, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ya ha advertido que esta actuación «no va a estar para este verano» debido a la complejidad de la obra y los amplios plazos del proceso de licitación. Aunque esto no es lo peor, puesto que, a juicio del consistorio, la intervención prevista resulta insuficiente para garantizar la estabilidad de la playa a largo plazo.
Matalascañas, sus vecinos, tantos los fijos como los estacionales, parecen pues abocados a sufrir las consecuencias de este abandono institucional al abrirse una brecha en la línea de flotación de la localidad costera, una economía exclusivamente orientada al turismo que pagará un alto precio en imagen como destino de calidad.
