Un acuerdo deja en penas mínimas el soborno del caso Aljaraque

Ocho años después, los tres acusados que quedaban han aceptado la pena de un año de prisión y no irán a la cárcel

Se abre juicio por el 'caso Aljaraque' con tres acusados y Caraballo desimputado

Las defensas piden archivar el caso Aljaraque y el fiscal concreta los hechos a falta de nuevas diligencias

Firma del acuero por el que se paró la moción de censura de Aljaraque en 2017 abc
M. Carmona

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El episodio que vino a poner del revés el escenario político onubense allá por 2016, cuando el mismísimo presidente de la Diputación Provincial y secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, se vio implicado en el caso que frustró, soborno mediante, la moción de censura en Aljaraque, ha quedado resuelto con un acuerdo entre Fiscalía y acusados y penas mínimas.

Finalmente, casi ocho años después de que saltase el escándalo, y a escasos días de que comenzase el juicio -previsto para este mes-, se libran del banquillo los que fueran concejales de Sí se puede en la localidad, Pedro Escalante y Francisco José Martín, y el sindicalista de CCOO, José Luís Rodríguez, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Acuerdo que contempla para los tres acusados las penas de un año de prisión y seis meses de multa, con lo que ninguno de ellos entrará finalmente en la cárcel.

Caso Aljaraque

Cabe recordar que el caso estallaba cuando los dos concejales daban un paso atrás en la moción que habían firmado -en diciembre de 2016- con el PP para expulsar al PSOE del Gobierno municipal de Aljaraque, tras la intervención del representante de CCOO José Luis Rodríguez, al que se situó como mediador del PSOE en las negociaciones para abortar la moción y tratar de mantener la Alcaldía en manos socialistas.

Así, el caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación 'Sí se puede', en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada supuestamente tras ofrecer Rodríguez una Concejalía -con el cobro de sus correspondientes dietas- y un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos -en concreto, Francisco José Martín-.

Con la denuncia, aportó unas grabaciones de las negociaciones entre los implicados.

Tras una instrucción en la que llegó a figurar como investigado el ex líder socialista en Huelva y ex presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, además de un directivo de Aguas de Huelva, finalmente ese abrió juicio en 2021 contra estos tres acusados, a los que se imputaba un delito de cohecho, solicitándose cuatro años de prisión para cada uno.

Tras el acuerdo alcanzado, que libra a los acusados de sentarse en el banquillo, los tres son condenados finalmente por cohecho pero con los atenuantes de confesión y dilación indebida. Además, la Fiscalía formula informe favorable a la suspensión de las penas de prisión ante la ausencia de antecedentes o de peligrosidad.

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