El desalojo de cinco familias ‘okupas’, pendientes de decisión judicial

Una veintena de vecinos de Punta Umbría, pertenecientes a cinco familias y entre los que hay seis menores, han recurrido a los tribunales para intentar mantener el techo bajo el que viven, varias viviendas de un edificio que la constructora que lo levantó dejó a medio pagar en torno a 2008 y en la que se metieron como 'okupas' hace varios años.

El desalojo está pendiente de decisión judicial, mientras el Defensor del Pueblo Andaluz está a la espera de un informe municipal y los Servicios Sociales realizan un seguimiento de estas familias.

La entidad bancaria que concedió el préstamo a la constructora reclamó la ejecución para cobrarse la deuda y, en este procedimiento, constató que había un grupo de personas viviendo en el edificio, las mismas que ahora piden permanecer en las casas.

Finalmente, el inmueble que centra el conflicto, situado en la intersección de las calles Galera y Delfín del Río, pasó a manos de Sareb, creada precisamente para gestionar y vender activos problemáticos de las entidades bancarias.

Con la entrada en escena de Sareb, se inició el proceso para el lanzamiento de las familias y ya se ha producido un primer capítulo en los tribunales.

Las familias que ocupan el edificio y la empresa han confrontado sus posiciones en el Juzgado de lo Civil 6 de Huelva. Las primeras, para pedir que se les deje continuar viviendo en el lugar; la segunda, para ratificarse en el lanzamiento.

En la vista, la representante legal de estos vecinos, María Camacho, ha presentado un informe realizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Umbría en el que se constata la situación de vulnerabilidad económica y social de las familias, sobre el que ha basado su petición para que se paralice o demore el desalojo al no disponer de una alternativa habitacional. Ahora, el juzgado tiene que pronunciarse sobre la vulnerabilidad de las familias y la ausencia de títulos que les legitimen estar en el inmueble.

Por otra parte, el portavoz de las familias, Antonio de Padua Díaz, se ha dirigido a huelva24.com para puntualizar una serie de cuestiones relacionadas con el caso, que transcribimos a continuación:

1.  Las familias que residen en el inmueble, sin perder de vista que no tienen título alguno de propiedad de las viviendas ocupadas, están dispuestas a pagar un alquiler social a Sareb en todo momento.2. Que desde la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Punta Umbría se le ha instado por escrito a Sareb justamente a eso, que estudien la posibilidad de un alquiler social para ellas, ante la situación de vulnerabilidad que sufren dichas familias. 3. La callada por respuesta de Sareb ante dicha petición y en sala de juicio directamente su negativa a considerarlo, hecho que manifiesta su falta de sensibilidad ante la situación de las familias, sobre todo teniendo en cuenta que en sus directrices de actuación (pueden leerse en su web pública) reseñan la vivienda social como una de sus líneas de actuación, añadiendo que de los 220.000 activos adquirido al Banco de España ni una sola vivienda se encuentra en toda la provincia onubense en disposición de alquiler social.