20 años malviviendo en un asentamiento chabolista en Huelva
Un informe de Andalucía Acoge destaca la cronificación de este problema en provincias como Huelva
Apunta a Lepe como el único municipio en el que se están tomando medidas en los últimos años
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No, no son un recurso puntual, sino que en muchos -demasiados- casos se convierte en la residencia habitual. Hasta «15 y 20 años» llevan algunas personas viviendo en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva asociados a la actividad agrícola.
Es lo que ha detectado Andalucía Acoge durante la elaboración de su informe sobre la 'Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023', para el que se han realizado alrededor de 800 entrevistas y en el que vuelve a ponerse de manifiesto que la inacción de las administraciones durante décadas ante esta realidad ha venido a cronificar estos asentamientos en provincias como Huelva o Almería.
En el caso onubense, como han señalado desde la organización, algunos asentamientos llevan en pie hasta treinta años, con residentes malviviendo en los mismos durante casi dos décadas. «No vale considerarlos en términos de temporalidad, porque no son temporales. Son asentamientos en los que vive gente durante muchos años, vecinos de la localidad que deberían serlo de pleno derecho, aunque se vulneran sus derechos fundamentales».
Y no sólo por verse obligados -al no tener alternativa- a malvivir en estas infraviviendas, sino por todo lo que ello conlleva, tal y como ha explicado en la presentación de este informe el director general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, que ha recordado que son mayoría los ayuntamientos que no permiten el empadronamiento en estos asentamientos chabolistas, con lo que «se priva a estas personas del acceso a muchos servicios públicos para los que hay que contar con una dirección: atención médica, servicios sociales o denuncias seguros, son servicios a los que tienen una gran dificultad para acceder», ha lamentado, cuando «lo que tendríamos que hacer es reconocer los derechos de las personas que viven entre nosotros porque no son mano de obra o temporeros, sino vecinos».
Desde Huelva Acoge se ha confirmado que las dificultades para empadronarse son la principal preocupación de las personas con las que se ha hablado en los asentamientos de la provincia -que se distribuyen fundamentalmente por Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto-, ya que sin él «no se puede renovar el pasaporte o iniciar los trámites para solicitar asilo político», lo que lleva a muchos de los residentes de estos poblados a pagar «hasta 800euros» a mafias para tratar de conseguir empadronamientos fraudulentos, precarizando aún más su situación.
Algunos avances en Lepe
En este sentido, se ha puesto de relieve el caso de Lepe como el único municipio en el que en los últimos años se están haciendo algunos avances, no sólo por la puesta en funcionamiento de un albergue para temporeros, sino también porque tras una sentencia que dictó jurisprudencia después de una denuncia de Asnuci, el Ayuntamiento de Lepe sí permite el empadronamiento en los asentamientos chabolistas.
En este sentido desde Asnuci -la Asociación nuevos ciudadanos por la interculturalidad, que lleva varios lustros trabajando en defensa de los derechos de las personas migrantes en la provincia y tiene en Lepe su propia residencia para temporeros- destacan que «algo está mejorando», pero que «sigue faltando voluntad política» para solucionar este problema.
«Nadie puede erradicar el chabolismo sin plantear una alternativa a las personas que viven en los asentamientos porque no tienen más remedio», ha señalado Seydou Diop, representante de Asnuci.
Y esa alternativa, destacan desde Andalucía Acoge, debe ser una vivienda digna. «Se habla de alternativas habitacionales, de residencias temporales,... Pero lo que necesitan las personas es una vivienda, una casa en la que vivir». Así, «los asentamientos que nos encontramos en Andalucía sólo son la punta del iceberg de la crisis de vivienda que sufrimos en España», ha insistido José Miguel Morales, «la forma más extrema de este problema estructural que priva además de otros muchos derechos a las personas afectadas».
