Huelva contabilizó el años pasado 143 agresiones a personal sanitario, una treintena de ellas físicas

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha alertado este martes de un nuevo incremento en las agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el año 2022, en el que se notificaron 1.494 agresiones, casi un 24 por ciento más que en 2021.

A juicio de Satse, a través de un comunicado, aunque se han conseguido avances en la prevención y protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad en los últimos años, los datos evidencian que es urgente seguir implementando nuevas medidas en esta materia.

El sindicato ha señalado que, según los datos oficiales aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el total de las agresiones a los sanitarios en Andalucía en el año 2022 ha sido de 1.494, 286 más con respecto al año anterior. De ellas, 259 han sido agresiones físicas y 1.235 no físicas. Por provincias, Sevilla es la que contabiliza mayor número de ataques al personal del SAS en 2022 con un total de 304 (53 físicas), seguida de Málaga con 268 (68 físicas), Cádiz con 259 (39 físicas), Huelva con 143 (29 físicas), Granada con 138 (40 físicas), Córdoba con 133 (7 físicas), Almería con 127 (28 físicas) y por último Jaén con 122 víctimas de agresiones (5 físicas).

A la luz de los datos, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a reclamar a la Consejería de Salud y Consumo que se desarrollen todas las medidas y modificaciones normativas recogidas en el plan de prevención y atención frente a las agresiones a profesionales del SAS, vigente desde octubre de 2020. Entre las medidas pendientes de poner en marcha, destacan las relacionadas con los derechos y deberes de los ciudadanos que incluyen promover un cambio normativo que establezca un régimen sancionador para los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz que los incumplan, incluyendo sanciones económicas proporcionadas al daño ocasionado, ha indicado.

De igual forma, ha manifestado que como medida de protección es fundamental que las tarjetas identificativas del profesional no recojan información adicional del profesional que permita que los agresores puedan identificarlos en redes sociales o por cualquier otro medio.

Satse ha añadido que sigue pendiente de implantar el software de alertar en todos los ordenadores de los trabajadores susceptibles de sufrir una agresión, debido a su contacto directo con los usuarios o incrementar la presencia de cámaras de seguridad y de vigilantes de seguridad en los centros, y mejorar la formación de estos profesionales en materia de prevención de agresiones.

De otro lado, ha propuesto además algunas medidas adicionales como constituir un Observatorio de Agresiones al que puedan formar parte todas las partes implicadas que tendrían mucho que aportar como los jueces, fiscales y abogados en aras a conseguir medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones.

Asimismo, ha insistido en que sería de utilidad implementar en Diraya (Sistema de información asistencial corporativo del SAS) algún sistema de identificación para agresores, accesible para todos los profesionales a la vez que ha insistido en la necesidad de regular por ley el reconocimiento de delito a la autoridad pública la agresión al personal sanitario.

Apelamos una vez más para que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares. Los actos violentos cometidos contra los sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, son considerados delitos de atentado, pudiendo llegar a implicar penas de prisión de uno a cuatro años y multas, ha concluido.