HA SIDO PRESENTADA ESTE LUNES
Vox lleva a los tribunales la gestión del agua en la provincia de Huelva y Giahsa pide que la querella se deje 'al margen de la campaña electoral'
19.14 h. El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, junto con la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, y el diputado nacional, Tomás Fernández, han presentado este lunes una querella en los juzgados de Huelva contra la empresa de aguas provincial Giahsa (Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A).
Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en la misma se acusa a la empresa de malversación de caudales públicos, financiación ilegal de los partidos políticos y falsedad en documento público, oficial y mercantil.
Presentamos esta querella para que caiga el que tenga que caer, sea inhabilitado y para que devuelvan lo robado, ha dicho Ortega-Smith, quien ha apuntado que el 28 de septiembre de 2021 prometió que como tercera fuerza política nacional, desde su Grupo parlamentario en Andalucía y con el estudio de los servicios jurídicos del partido, nos comprometemos a llevar a cabo una investigación para saber exactamente qué hay detrás de Giahsa y ejercer, en su caso, las acciones penales, contencioso-administrativas o civiles que sean necesarias.
Ortega-Smith ha aseverado que aún falta por conocer mucho de este entramado, de sus refinanciaciones y de los importes totales que los políticos y otros se han llevado del dinero público y durante varias décadas y se ha preguntado dónde está el dinero del tarifazo del agua de los vecinos de 67 pueblos de Huelva que pagan el agua más cara de España, porque los políticos cobran mordidas intolerables. Por ello, ha afirmado que con esta querella se destapará por fin la escandalosa financiación ilegal de PSOE, PP, IU, Podemos, PA, Espacio Plural, ICXH y Grupo Mixto, al tiempo que ha avisado de que no será la última, desgraciadamente.
Desde Vox han señalado que Giahsa cuenta con 500 operarios, 22 altos cargos y directivos y 15 miembros en el Consejo de Administración, con sueldos públicos que llegan hasta los 77.000 euros anuales. En ese sentido, el secretario general de Vox ha afirmado que la empresa no sólo es una maquinaria engrasada para la malversación de fondos públicos, sino que sirve de colocódromo de elefantes de todos los partidos del consenso progre desde hace una década.
Por su parte, Castro ha dicho que la gestión de Giahsa se ha apartado de los criterios de eficacia y eficiencia que debe presidir el uso de recursos públicos y ha traspasando la línea han cometido delitos más graves en la gestión del erario público, la malversación.
La finalidad ha sido la financiación de los partidos políticos. De modo que los perjudicados han sido los ciudadanos, y en particular los de los 67 municipios que integran la mancomunidad, pues además están pagando los sobrecostes de la trama en cada uno de los recibos del agua, ha agregado.
Castro ha manifestado que hay constancia de las cantidades que reciben los grupos políticos, y de los que además el PSOE es el más beneficiado. Por ejemplo, en 2020 ascendió a 264.000 euros, pero todos los grupos a los que pertenecen los alcaldes integrantes han recibido dinero. El PP ascendió a 114.000 euros, ha afirmado.
Además de Giahsa como persona jurídica, la formación ha dirigido su querella contra varios cargos de la empresa y contra el administrador de la Agrupación Provincial del PSOE-A de Huelva y del Grupo Socialista de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Santiago Moreno.
Así lo ha indicado en un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que ha apuntado que la judicialización de la gestión de una empresa pública que provee a ciudadanos de la provincia de Huelva de servicios esenciales como el ciclo integral del agua y la recogida de residuos supone una extralimitación del papel que deben jugar los partidos políticos en campaña electoral para la obtención del voto de los ciudadanos. Asimismo, desde la empresa pública han aseverado que esta actuación podría generar alarma social por unos hechos que ya la Fiscalía investigó en 2014 y que fueron archivados sin más consecuencias. En el fondo de esta querella subyace un acoso casi permanente al proyecto de dotar a la provincia de Huelva de un ente capaz de garantizar desde lo público unos servicios esenciales para la ciudadanía de forma solidaria y vertebradora, ha concluido el
Asimismo, desde la empresa pública han aseverado que esta actuación podría generar alarma social por unos hechos que ya la Fiscalía investigó en 2014 y que fueron archivados sin más consecuencias.
En el fondo de esta querella subyace un acoso casi permanente al proyecto de dotar a la provincia de Huelva de un ente capaz de garantizar desde lo público unos servicios esenciales para la ciudadanía de forma solidaria y vertebradora, ha concluido el comunicado.
