ecologistas exige una investigación

Una montería en espacio protegido se cobra la vida de 175 ciervos y muflones

18.11 h. Ecologistas en Acción ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta una solicitud de apertura de expediente administrativo sobre las autorizaciones y permisos, así como los criterios de gestión del medio natural, que han dado lugar el pasado 30 de diciembre a la caza de 175 ciervos y muflones en la Finca Jarrama, perteneciente al Corredor Ecológico del Guadiamar.

Una montería en espacio protegido se cobra la vida de 175 ciervos y muflones

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La finca pública Jarrama está ubicada en un espacio protegido europeo, el Corredor Ecológico del Guadiamar (Zona de Especial Conservación). Es una dehesa situada entre los términos municipales de Zufre y Nerva, afectada por un grave incendio forestal iniciado el 8 de septiembre de 2017, que alcanzó un perímetro de más de 4.000 hectáreas. La finca se quemó en un 75 por ciento de su superficie, quedando el pinar y encinar gravemente afectados y muriendo numerosos animales de la cabaña ganadera local, especialmente vacas y ovejas, y numeroso animales silvestres.

Una montería en espacio protegido se cobra la vida de 175 ciervos y muflones

La finca Jarrama está completamente alambrada con una malla cinegética de unos dos metros de altura y atravesada por la Vía Pecuaria que une el pueblo onubense de Campofrío con el sevillano de El Castillo de las Guardas. Sin embargo, no tiene acceso público, paradójicamente, señala Ecologistas en Acción, a pesar de ser una finca pública y una vía pecuaria. La actividad de caza realizada se ejecutó con la participación de entre 20 y 25 rehalas, lo que supone unos 350 perros, para acorralar a los ciervos y muflones que no tuvieron vías de escape debido a la malla cinegética, ni siquiera por las zonas de barrancos. Esta situación, apunta la organización, haría a muchos de los ejemplares morir de pánico y estrés embistiendo contra la malla, si bien aún no se cuenta con el número de animales muertos así. El resultado de la actividad se ha saldado con 175 ejemplares abatidos por disparo sin seleccionar, de ellos, la gran mayoría han sido hembras preñadas, crías y varetos jóvenes, según la información con la que cuenta Ecologistas en Acción.

El argumento de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para autorizar esta actividad, que para la organización es un exterminio, es la superpoblación de animales en una zona incendiada, cuya regeneración podría verse gravemente afectada por los hervíboros. Ecologistas en Acción considera que una medida de gestión consistente en abatir animales que se encuentran en su ecosistema no es la respuesta que necesitan nuestros montes públicos. La propuesta de la organización es sencilla: la retirada de la malla cinegética habría posibilitado la dispersión de los ciervos y muflones, evitando la masacre y conservando la regeneración. Otra alternativa apropiada para un espacio protegido habría sido la captura selectiva, respetando siempre las crías y las madres.

Ante el conocimiento de que están previstas dos nuevas monterías de exterminio para los próximos días 13 y 21 de enero, Ecologistas en Acción exige a la Administración ambiental que sean denegadas o la anulación inmediata de las mismas en el supuesto de que hayan sido concedidas. En caso de no ser anuladas estas nuevas monterías, Ecologistas en Acción emprenderá acciones judiciales y contempla movilizaciones pacíficas en contra de estos criterios de gestión, contando con un amplio apoyo social de las poblaciones de la zona.

Una montería en espacio protegido se cobra la vida de 175 ciervos y muflones

Del mismo modo, Izquierda Unida ha exigido a la adminstración autonómica que dé explicaciones detalladas por la matanza y reclama al delegado provincial de Medio Ambiente que “se apresure a dar explicaciones e informe sobre los criterios técnicos que han servido para justificarla. Además, Izquierda Unida pide que se suspenda la montería de las mismas características prevista para el día 13. El coordinador provincial de la formación, Rafael Sánchez Rufo selaló que, al tratarse de una zona recientemente afectada por un grave incendio que devastó unas 4.000 hectáreas de terreno forestal, la Junta de Andalucía “debe actuar con mucha más sensiblidad de la que ha demostrado y si no se han adoptado otras medidas alternativas, como puede ser el traslado de los ejemplares a otras ubicaciones donde puedan seguir viviendo, explicar justificadamente porque no lo han hecho”.

 

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