Empleo y servicios a toda costa

De entre estos, están los trabajadores directamente empleados como yo, que se subdividen entre funcionarios, laborales fijos y temporales, al igual que existe un porcentaje creciente de personas contratadas a través de empresas externas a pesar de estar desempeñando trabajos estructurales como los de seguridad, mantenimiento, limpiezas, copistería, restauración, amén de los servicios que se suministran a la Universidad desde fuera de las instalaciones por empresas y autónomos. 

Quiero hablar hoy aquí de estos trabajadores, a menudo mujeres subcontratadas que conforman el escalón inferior de una pirámide de condiciones laborales que dibuja un contraste bien marcado entre quienes constituimos el menguante equipo que juega en primera división, con empleo asegurado y bien retribuido en comparación conla media local,  seguidos por los de segunda división, hijos de la precarización del empleo público, para quienes los sindicatos universitarios batallan continuamente, y quienes juegan en tercera, cuyas condiciones dependen de las utilidades que las empresas quieran obtener. También en la Universidad, como en la mayoría de organizaciones grandes, medias o pequeñas, se hace distinción de clase por categoría ocupacional y contractual, prolongándose así las situaciones de profunda insensibilidad social. Es especialmente sangrante que las subcontratas operen con bastante impunidad dentro las administraciones públicas, sanitarias o educativas, sin que importe mucho el bajo nivel de satisfacción, ni de condiciones de salud, ni el miedo por las amenazas que se ciernen sobre los trabajadores. Como muestra, el pésimo grado de satisfacción de trabajadoras y usuarios de los servicios de limpieza, servicios que desde hace años se han puesto en manos de empresas que ya vienen con un bagaje de mala reputación allá donde han operado antes de aterrizar en la Universidad de Huelva. Que repetidamente en nuestra Universidad con cada concurso público se vuelva a contratar los servicios de este tipo de empresas es una muestra más de cómo nos alejamos de aquel objetivo que debiera ser el principal y rector del funcionamiento de esta institución cual es el del progreso social. 

Toleramos cínicamente en nombre del empleo que la actividad empresarial cercene los recursos humanos y naturales en pos del aumento de los dividendos para los accionistas privados, pero, por lo que vemos cotidianamente, la misma lógica ha quedado instalada en las administraciones y servicios públicos. Definitivamente nos hemos tragado el cuento (interesado) de que las administraciones del estado han de manejarse por la misma lógica neoliberal de mercado, modelo de conducta que como especie que ha tomado la responsabilidad sobre el destino del planeta sabemos que no nos conviene abrazar ciegamente.      

       En la Universidad a las empresas que han venido operando, en las cafeterías o servicios de limpiezas por nombrar un par de casos, les importa poco que sus desayunos sean saludables, que se utilicen vehículos contaminantes o que los productos de limpieza desprendan cantidades de tóxicos importantes, puesto que para las empresas lo importante es la cuenta de resultados: que con el mínimo gasto en inversión se obtengan los máximos beneficios. Esta lógica perversamente destructora se apoya enlas leyes de Contratación Pública y los Pliegos de Condiciones resultantes en cada concurso, lugar donde se estipula que la oferta de servicios que suponga menor gasto para la universidad o mayores ingresos monetarios será la beneficiada. No lo digo yo, sino que recojo las palabras que me regalaron el gerente y secretario de la UHU en el equipo de gobierno anterior. Y si una empresa presenta una oferta algo más costosa, aunque garantice un buen nivel de condiciones laborales y de productos o procedimientos de mayor calidad y responsabilidad social, es descartada.Tampoco se hace lo suficiente por dotar a las pequeñas empresas locales de capacidad para competir en los concursos públicos con estas grades empresas de servicios, ni en el apartado de los recursos económicos ni en el de inyectar la visión y dar la formación necesaria para el provisionamiento de servicios de más calidad humana y ambiental. Esto debiera formar parte también de nuestro mandato educativo. 

Lo paradójico de la situación es que, como vimos en 2017 a resultas de un conflicto con la empresa de restauración AP SL, estos propios trabajadores maltratados saldrán en masa a ponerse de lado de la empresa si con ello ven peligrar su empleo en lo inmediato. Lo harán a pesar de que sus labores les machaquen a ellos o, menos aún, si a resultas deltrabajo salen perjudicados otras personas y ecosistemas cerca de las instalaciones o mucho más lejos, dígase la población civil bombardeada de un país lejano, recordando un ejemplo gaditano más reciente. Por eso, las decisiones con respecto a qué servicios contratar y quién y cómo se los dispensa no puede depender de la presión de unos trabajadores y usuarios permanentemente amedrentados o, peor aún, totalmente adormecidos, las instituciones han de tomar el testigo y poner algo más de juicio en este terreno por desidia o interés particular tan contaminado.