UGT y CCOO congregan en Huelva a un centenar de personas en defensa del escudo social

Un centenar de personas, según fuentes policiales, ha acudido a la llamada de los sindicatos CCOO y UGT para denunciar durante una concentración en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de Huelva, «el uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social y, particularmente, a los más vulnerables».

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, en un comunicado al respecto, ha señalado que «las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos«. Así, asegura que por delante de la clase trabajadora, los pensionistas y los colectivos más vulnerables, no pueden estar las estrategias políticas. »Nos ha costado mucho conseguir un sistema de pensiones público y sostenible, y no vamos a permitir que ahora sea amenazado por disputas cortoplacistas que buscan debilitarlo en favor de su privatización», añadió.

Asimismo, su homónimo, el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, ha declarado que mantener estas movilizaciones tiene como propósito denunciar el uso «oportunista» de los derechos sociales y la protección de la mayoría social. Gutierrez ha señalado que esta situación afecta «a un 60% de la población de Huelva, quienes han visto cómo una mayoría en el Congreso, que afirmaba defender los intereses generales, les ha perjudicado económicamente».

A pesar de que se ha emitido un nuevo decreto que incluye las principales medidas del Ómnibus, este sigue siendo «claramente insuficiente para las necesidades de los trabajadores». En esta línea, Gutierrez incide que «hoy nos concentramos en Huelva con el fin de rechazar la anulación de medidas clave de protección social y financiación de la Seguridad Social, una decisión tomada en el Congreso con los votos conjuntos de Junts, PP y Vox».

En este sentido, Perea nos declara que «nos manifestamos porque el Parlamento debe estar al servicio de la gente, no de estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas que deben defender».

Para los sindicatos, la no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024 «puso en riesgo medidas sociales fundamentales que afectan a millones de personas: Más de 107.000 de pensionistas de Huelva veían amenazada la revalorización de sus pensiones, principalmente las mujeres«. Además, añadieron, »24.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) quedaban en la incertidumbre sobre su protección solo en nuestra provincia, una barbaridad; el incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9% estaba en peligro; las ayudas para las víctimas de la DANA y el volcán de La Palma quedaron bloqueadas; y la moratoria dedesahucios para familias vulnerables se veía paralizada. El apoyo al transporte público se ponía en cuestión para más de 20 millones de usuarios«.

«No podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en una disputa estéril y artificial con el falso argumento de si las medidas deben presentarse juntas o separadas en distintos decretos, cuando es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno, por distintos motivos, pero sobre la espalda de más de la mitad de población del país. Lo importante no es cómo se tramitan, sino que se aprueben y entren en vigor», denunció la secretaria general de CCOO Huelva.

Finalmente, CCOO y UGT califican este rechazo como una «agresión sin precedentes contra la mayoría social, con especial impacto en las personas más vulnerables, las clases populares y personas trabajadoras. Y nos recuerdan a la población, que no son estas las únicas cuestiones que estaban y están en juego». Asimismo, avanzan que en los próximos meses tiene que tramitarse en las Cortes la reducción de jornada a 37,5 horas «que hemos acordado con el Gobierno». Además, recuerdan que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025 y la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos desde 2023, «afecta directamente a un gran número de políticas públicas que se ven en serias dificultades para concretarse».