tribunales
La Justicia paraliza un proyecto urbanístico en el Ensanche de Huelva al embargar los terrenos por sospechas de estafa
El juzgado de Instrucción 2 de Huelva ha ordenado el embargo preventivo de una finca donde se ha anunciado la edificación de un centenar de viviendas
El Ayuntamiento de Huelva anuncia el desbloqueo del Ensanche Sur y la fase «de inicio de obras»
El juzgado de Instrucción 2 de Huelva ha ordenado embargar de manera preventiva una finca del Ensanche, la gran zona de expansión de la capital onubense, por estar inmersa en un caso de posible estafa cuya instrucción acaba de concluir y está pendiente de juicio. El auto al que ha tenido acceso Huelva24 fue notificado a las partes el pasado 20 de noviembre. No es firme y puede ser recurrido.
El origen de este caso está en la querella planteada por la sociedad Natural Links en 2022 por delitos de estafa, falsedad y frustración de la ejecución. Esta empresa era la titular de la parcela en cuestión, la cual decidió vender a dos empresarios Antonio O. P. y Adolfo F. C. para intentar esquivar el concurso de acreedores y poder obtener liquidez. Según detalla el auto, los dos investigados recurrieron «a artificios y engaños» para convencer a la citada sociedad para que les vendiera los terrenos donde se proyecta una promoción de casi cien viviendas. La operación propuesta por estos dos empresarios fue que la parcela la adquiriría una sociedad que ellos constituirían y que se denominó Ensanche Real State S.L.U.
La venta se produjo el 19 de julio de 2019. El precio acordado fue de 3,5 millones de euros que se pagaría en tres veces. La primera parte (1,5 millones) la tenía que abonar el comprador en metálico en las siguientes semanas tras la firma de la escritura. Y las otra dos partes (un millón cada una) era un dinero que retenía el comprador porque se iba a subrogar en las hipotecas que había suscrito Natural Links para sacar adelante el proyecto inmobiliario. Cumplidos los plazos, los denunciados no pagaron el dinero ni se hicieron cargo de las hipotecas.
En 2021, relata el auto de la juez, los dos empresarios, «de común de acuerdo», firmaron un contrato privado de compra-venta con otra empresa, Canascan Solutions, «para que pareciera un tercero de buen fé». La juez concluye que hay indicios suficientes de que esa segunda operación buscaba no devolver los terrenos a los dueños originales que aún no habían recibido el dinero de la venta. «De todo lo expuesto existen indicios de la maquinación que utilizaron los investigados para apropiarse de la finca sin abonar dinero alguno».
Promoción en venta
En la solicitud de medidas cautelares, la sociedad natural Links detalla que el pasado mes de septiembre detectaron carteles anunciaroes de que se había retomado el proyecto inmobiliario en la parcela y advirtieron a la juez de que temían que estuvieran intentado vender el suelo a otras sociedades con el consiguiente perjuicio.
El juzgado solicitó nota simple en el Registro para conocer el estado de la parcela y así descubrió que Canascan Solutions, que está también investigada en la querella inicial por estafa, había vendido el suelo a Intur Huelva Inversiones y la fórmula de pago acordada era idéntica a la de la operación primera: en tres veces, una parte en metálica y otra en especie a través de la entrega de pisos y garajes de la futura promoción. «Como se puede observar en la enajenación de esta finca se ha seguido el mismo procedimiento que en las anteriores, pues se ha conseguido la inscripción de la finca a nombre de una sociedad sin que conste que se haya abonado precio alguno», señala la juez.
Para la titular del juzgado, «no solo existe el riesgo de que la finca salga del patrimonio de los imputados». La juez subraya cómo la última escritura de compra-venta se otorgó con posterioridad a que la parte querellante solicitara la medida cautelar; «lo que denota la intención de los imputados de sacar la finca de sus patrimonios, sin esperar el final del procedimiento, lo que haría inviable la reparación del daño a la víctima».
El embargo preventivo prohibe la capacidad de disponer pero no impide a su titular el uso y disfrute de la parcela. Este embargo sí que supone un freno a la promoción inmobiliaria proyectada en la zona y que ya había iniciado su comercialización.
