Guerra política en torno al proyecto de reforma de la antigua estación de tren
La Diputación sale al paso de las acusaciones de «ilegalidad» por parte de IU y PSOE y defiende la «transparencia» del plan de rehabilitación
Según Toscano, «no se está desprotegiendo el patrimonio, sino adaptándolo a la realidad actual» para un uso social y cultural
La rehabilitación de la antigua estación, más cerca tras aprobar el pleno del Ayuntamiento de Huelva la puesta en marcha del proceso
La rehabilitación de todo el complejo ferroviario, punto de partida para la «gran transformación urbanística de Huelva»
La antigua estación de tren de la capital, cuyo proyecto de rehabilitación promueve la Diputación de Huelva, se ha convertido en el campo de batalla de una nueva guerra política. Izquierda Unida y el PSOE han abierto las hostilidades contra el equipo de gobierno de la institución provincial, encabezada por el Partido Popular, con acusaciones que van desde la propia ilegalidad del proyecto hasta un intento de desprotección de este emblemático edificio neomudéjar.
La propuesta de rehabilitación tiene para IU varios puntos cuestionables, principalmente la modificación de la normativa de protección del edificio. Según Marcos Toti y Mónica Rossi, representantes de IU, el PP estaría buscando una vía para autorizar una «obra ilegal» que comprometería el valor patrimonial del inmueble. Para los izquierdistas, la clave radica en que el proyecto propone una ampliación del volumen del edificio, lo que contraviene las normas de protección vigentes, así como la modificación de elementos arquitectónicos originales, como las cubiertas y las escaleras, lo que podría poner en peligro –para este partido– su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC).
Toti denunció que el Ayuntamiento de Huelva habría aprobado la modificación de la protección del edificio «por urgencia», sin dar tiempo al resto de los grupos políticos para revisar el expediente. Esta maniobra, según IU, no es más que un intento de ajustar la normativa para que el proyecto del PP pueda llevarse a cabo, a pesar de sus presuntas irregularidades.
En respuesta a las críticas, el gobierno de la Diputación, liderado por David Toscano, se ha defendido afirmando que el proyecto es completamente transparente y se adapta a las necesidades actuales del edificio. En una rueda de prensa, Toscano y Felipe Arias, vicepresidente de la Diputación, aseguran que no se está desprotegiendo el patrimonio, sino que se está actualizando el uso del edificio para hacerlo funcional una vez que ha dejado de ser estación de trenes. La rehabilitación responde, según estos responsables, a una exigencia social de revitalizar y «recuperar el patrimonio ferroviario de Huelva», dándole un nuevo uso cultural y social, sin poner en riesgo su valor histórico.
El PSOE, por su parte, también denunció este lunes que la Diputación «incumple con la ley urbanística» en el proyecto de rehabilitación de la antigua estación de tren, acusando al gobierno provincial de tratar de desproteger el edificio para construir un «palacete» con fines partidistas. Rubén Rodríguez, portavoz socialista en la Diputación, señaló que existen «presuntas irregularidades» en la calificación del terreno y la compatibilidad de los usos urbanísticos, y anunció que presentarán una moción en el próximo pleno para aclarar la situación. En este sentido, también cuestionan la falta de transparencia en la operación, ya que a juicio de los socialistas no se han hecho públicos los detalles ni se ha presentado un estudio de viabilidad. Además, critican que la cuantía del proyecto siga aumentando y que se esté «externalizando el servicio, ignorando a los técnicos de la Diputación».
Felipe Arias acusó con dureza a IU y PSOE de ser «una oposición radical» que se opone al progreso y al desarrollo de la ciudad, señalando que su única intención es generar polémicas infundadas. En su intervención, subrayó que la reforma no implica una descatalogación del edificio, sino una adaptación a la nueva realidad de la estación, que ya no tendrá tráfico ferroviario. La actualización del catálogo, aclaró Arias, es simplemente una adecuación al nuevo uso sociocultural que se le dará al edificio. En cualquier caso, puso sobre la mesa que la paradoja que a su entender supone el hecho de que se critique la rehabilitación de un edificio «que estaba abandonado y que como consecuencia de la desidia del gobierno municipal de Gabriel Cruz había sido incendiado«.
El funcionario, con la legalidad
Quien más elocuentemente defendió el proyecto de la Diputación fue el arquitecto encargado de la dirección del mismo, Julio Sánchez. Este funcionario negó que se estén externalizando los trabajos y explicó que se está llevando a cabo «por lo que cuesta la nómina de diez funcionarios, ni un euro más. Y todos sabemos lo que cuestan los proyectos de este tipo cuando se encargan en la calle». En cuanto a las críticas sobre el aumento del volumen, Sánchez explicó que la intervención busca adaptarse a las necesidades del nuevo uso, pero sin alterar el carácter del edificio. En particular, defendió la renovación de la cubierta, argumentando que la nueva estructura respetará el diseño original, pero responderá a las exigencias del futuro funcional del espacio.
El arquitecto también destacó que el proyecto sigue las mejores prácticas de conservación patrimonial y que ha recibido la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio, lo que garantiza que cumple con todos los requisitos legales. «Somos funcionarios, y como tales, no haremos nada ilegal», aseguró, subrayando que tanto él como su equipo están comprometidos con la preservación del patrimonio en su totalidad.
Con el proyecto de reforma en el horizonte, los plazos administrativos, que incluyen la obtención de la licencia de obras, avanzan a buen ritmo, pero se prevé que las obras no comiencen hasta finales de 2025 debido al proceso de licitación, que según Felipe Arias se extenderá por un periodo de seis meses.
