¿Qué fue de las cámaras de vigilancia anunciadas por Gabriel Cruz hace cuatro años?
A cuatro años de su anuncio, la instalación de dispositivos de vigilancia en la Plaza de las Monjas ha resultado ser un fiasco, con equipos que no cumplían la función de seguridad prometida por el equipo del exalcalde
El Ayuntamiento de Huelva quiere instalar cámaras de vigilancia para luchar contra el vandalismo
El Ayuntamiento de Huelva instala cámaras de videovigilancia en las farolas de la plaza de Las Monjas
El Ayuntamiento de Huelva ha vuelto a poner sobre la mesa su intención de instalar cámaras de videovigilancia en puntos clave de la ciudad, un dispositivo de control que ya fue anunciado en 2021 por el anterior equipo de gobierno y que nunca llegó a usarse debido a sus evidentes limitaciones técnicas.
En marzo de 2021, el equipo de gobierno socialista bajo la dirección de Gabriel Cruz hizo público un proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en la Plaza de las Monjas. Se trataba de un sistema integrado en las farolas de la plaza, que en su momento fue anunciado como un paso más en la apuesta por hacer de Huelva una 'Smart City'. La concejala de Hábitat Urbano e Infraestructura, Esther Cumbrera, detalló que las cámaras se incorporarían al sistema de iluminación LED, con la promesa de ofrecer mayor seguridad gracias a la tecnología, incluido el uso de inteligencia artificial para detectar movimientos y gestionar aforos, con la ventaja añadida –al menos según la edil socialista– de no grabar imágenes ni permitir identificar personas, «preservando su intimidad». De esta manera, se obviaba la necesidad de realizar los rigurosos trámites legales necesarios que implicaba la instalación de un sistema de videovigilancia al uso. De ahí que el proyecto lo llevara a cabo el área de Infraestructuras y no el de Seguridad Ciudadana,
Sin embargo, lo que se presentó como una solución para aumentar la seguridad en la céntrica plaza resultó un completo fiasco, ya que lo que finalmente se instaló fue un dispositivo 'cuentapersonas': una cámara situada en la esquina del Banco de España que tenía la función de medir el flujo de viandantes para regular la intensidad de la iluminación según la afluencia en la plaza. Además, según apuntaron a huelva24 fuentes municipales, la cámara se estropeó poco después de ser colocada y no llegó a repararse. En resumen, el sistema no cumplió con su propósito y la promesa de reforzar la seguridad en la Plaza de las Monjas quedó en nada.
Esta vez, la propuesta presentada el martes por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, parte con el mismo objetivo aunque tiene por delante un recorrido bien distinto. Y es que el procedimiento legal para la instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos es un proceso meticuloso que implica varios trámites administrativos y jurídicos para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales. Fundamentalmente, solicitar autorización a la Delegación del Gobierno en Andalucía, incluyendo un informe justificando la necesidad de las cámaras, la identificación de los puntos de instalación y la evaluación del impacto que éstas tendrán en la privacidad de los ciudadanos. Este proceso también requiere la aprobación de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que evalúa la adecuación del proyecto a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Así, para reforzar la seguridad en zonas de especial relevancia o afluencia ciudadana, como la Plaza de las Monjas, la Plaza de La Merced, la de San Pedro o el Parque Moret, las cámaras de videovigilancia deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley, como la delimitación precisa de las zonas vigiladas o la regulación del acceso a las imágenes grabadas. Por ejemplo, las cámaras no pueden emplearse para vigilancia generalizada ni captar sonidos salvo riesgo concreto. Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohíbe filmar zonas íntimas (vestuarios, baños) o áreas privadas colindantes, incluso si se ubican en espacios públicos. Y las grabaciones, para mayores garantías, deben almacenarse en sistemas cifrados, con acceso restringido al personal policial autorizado con un plazo máximo de conservación de 30 días, salvo que se requieran como prueba en procedimientos judiciales.
En ningún momento, como han confirmado los propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al Ayuntamiento, el anterior equipo de gobierno puso en marcha este procedimiento para legalizar un sistema de videovigilancia al uso, un proyecto que el equipo comandado por la alcaldesa Pilar Miranda ha decidido retomar.
