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La Audiencia de Huelva eleva la pena a un vecino que golpeó y mordió a un notario tras reclamarle unas escrituras
La Sección Primera corrige al juez del Penal 4 que no vio en esa agresión un delito de atentado y establece que el notario, cuando ejercer su trabajo, sí tiene la condición de funcionario público
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La Audiencia Provincial de Huelva acaba de corregir la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal 4 de Huelva que condenó a una pena de multa a un vecino por agredir a un notario. Sin embargo, lo absolvió del delito de atentado que reclamaba la Fiscalía y la acusación particular. Un criterio que no comparten los magistrados de la Sección Primera que han dictado una nueva sentencia en la que incluyen ese delito y elevan la pena a los seis meses de prisión. La diferencia entre ambas decisiones judiciales está en considerar o no a la víctima un funcionario público en el momento en el que ocurrieron los hechos.
Según detalla la sentencia facilitada por la oficina de comunicación del TSJA, en abril de 2022, el ahora condenado acudió a la notaría para reclamar la devolución de unos papeles que venía pididendo desde fecha indeterminada. Cuando llegó, fue invitado a que entrara al despacho del titular donde fue recibido por la víctima. Allí, el procesado le volvió a pedir que le entregara unas escrituras y el testamento de su padre y ante la negativa de éste, se inició una discusión que fue elevando el tono hasta que el cliente se abalanzó sobre el notario, le tiró una carpeta encima y lo arrinconó contra la pared.
La víctima trató de zafarse de la agresión física, emnpujando al agresor, que acabó cayendo al suelo y golpeándose en un ojo con la mesa. Eso lo enfureció aún más y al incorporarse, mordió al notario en un dedo. Los gritos provocaron que personal de la notaría acudieran al despacho y con ayuda de un cliente, detuvieran la agresión de manera definitiva.
En primera instancia, el agresor fue sentenciado a un delito leve de lesiones. Pero la sentencia fue recurrida. La Fiscalía y la acusación particular defendían que los hechos habían sido constitutivos de un delito de atentado porque el notario tenía en ese momento la condición de funcionario público.
Diferencias de criterio
Para el juez de lo Penal, la víctima estaba ejerciendo una labor de asesor jurídico que nada tenía que ver con la función pública. Sin embargo, esa argumentación es anulada por el tribunal de la Sección Primera:
«Como profesional del derecho, asesora a quienes reclamen su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar. Todo ello supone el ejercicio de una evidente función pública, por cuanto su condición de profesional del derecho no excluye el carácter de funcionario público del notario, toda vez que el notario no solo autoriza la escritura, sino que como profesional del derecho asesorará cual es el camino legal e incluso si lo que se pretende no se ajusta a derecho. En definitiva, los notarios son funcionarios cuya labor prestando la función pública notarial no se limita al ejercicio de la fe pública notarial, sino que también comprende, como señala el propio artículo 1 Reglamento Notarial, el asesoramiento legal«.
La condición de funcionario público a la hora de calificar penalmente las agresiones también amparan a otras profesiones que no están relacionadas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como profesores o los sanitarios.
