Sin apenas actividad el canal del informante para denunciar casos de corrupción en el Ayuntamiento de Huelva
El Consistorio onubense es de los pocos que ha habilitado esta herramienta a pesar de ser obligatoria por ley; pero meses después de arrancar el número de avisos es irrelevante
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Seis de cada diez ayuntamientos intermedios, de entre 100.000 y 200.000 habitantes, siguen sin habilitar canales seguros para que sus trabajadores puedan denunciar casos de corrupción, pese a que la legislación les obliga desde junio de 2023. El Consistorio de Huelva no está entre esas administraciones locales que no se han puesto al día todavía con esta herramienta que forma parte de la ley reguladora que vio la luz el año pasado para proteger a aquellas personas que deciden dar el paso y denunciar corruptelas en sus puestos de trabajo.
El pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó en abril del año pasado, a propuesta del Grupo Popular, la puesta en marcha de ese canal del informante que no arrancó de manera definitiva hasta hace unos meses. Según confirman fuentes del Ayuntamiento, la actividad que está teniendo este canal es muy escasa y los datos recabados hasta ahora son poco «relevantes». Es decir, no está teniendo apenas uso.
La ley obliga a los ayuntamientos a «implementar sistemas internos de información a través de los cuales las personas que tengan una relación laboral o profesional con ellos puedan informar, de manera segura y anónima, de posibles infracciones del ordenamiento jurídico». Además de esos canales internos, la norma recoge que se habilite un canal en abierto al que puedan recurrir extrabajadores y familiares. Un canal que se puede visitar en la web municipal.
Retraso generalizado
Tras echar a andar la ley en marzo del año pasado, la norma daba tres meses a las administraciones para que activaran el canal. Pasado ese plazo, el Tribunal de Cuentas decidió hacer un sondeo en los 35 municipios de entre 100.000 y 200.000 habitantes y constató que la inmensa mayoría no había puesto en marcha la medida. Tan sólo seis consistorios: San Sebastián, Getafe, Girona, Lleida, Mataró y Santander habían hecho los dereberes.
Ya fuera del plazo legal, pero antes de que el Tribunal de Cuentas cerrara su fiscalización, otros ocho ayuntamientos fueron poniendo en marcha sus sistemas internos. Además de Huelva, Barakaldo, Dos Hermanas, Cádiz, Fuenlabrada, Salamanca, Tarragona y Torrejón de Ardoz.
En unas declaraciones recogidas estos días por Europa Press, la institución que preside Enriqueta Chicano ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para «continuar esforzándose en el fortalecimiento de sus procedimientos y controles, implementando sistemas internos de información en los casos en los que carezcan de ellos, e impulsando mejoras continuas en los existentes».
Pero, el tribunal aconseja también poner en marcha campañas de sensibilización y difusión con el objetivo de que los informantes conozcan la existencia de estos sistemas de gestión de denuncias ante el conocimiento de posibles infracciones. En el caso de Huelva, la herramienta existe pero apenas se usa.
La ley de protección del denunciante persigue evitar que las personas que ponen en conocimiento de las autoridades un caso de corrupción no acaben sufriendo represalias. Hay un claro precedente. Lo ocurrido al trabajador de la UGT que filtró a medios de comunicación documentos para acreditar el sistema fraudulento de facturación que utilizaba el sindicato en su estructura andaluza y que acabó siendo juzgado y condenado por revelación de secretos. La anterior cúpula de UGT-Andalucía acaba de ser condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla.
