“No hay día que no se produzca algún altercado entre los cinco o seis gorrillas que se han apoderado de la zona”

A espera de una nueva licitación de las obras de la segunda fase de reurbanización de la barriada Nuevo Molino de Huelva, que puedan paliar la carencia de dotaciones, el deterioro de las infraestructura o los problemas de movilidad y tráfico que padece esta barriada, el Grupo Municipal Vox recuerda que la inseguridad, los actos vandálicos, la ocupación ilegal o la venta de drogas siguen sin solución en esta zona de la ciudad. 

Tal y como explica el portavoz, Wenceslao Font, todos estos asuntos, que han sido abordados en Pleno sin que hasta ahora se hayan solucionado, “se unen a la problemática que para esta zona residencial de la capital supone la presencia de gorrillas”. Y eso que, según ha denunciado en reiteradas ocasiones la Asociación de Vecinos Costa de la Luz en los medios de comunicación, “no hay día que no se produzca algún altercado entre los cinco o seis gorrillas que se han apoderado de esta zona”. 

“Estos vecinos sufren diariamente la exigencia de propinas a cambio de la señalización de plazas de aparcamientos libres, sin que nadie lo haya pedido y sin tener la orden ni el permiso municipal para ello”, señala Font Briones. Tanto es así, que muchos de ellos, ante el temor de que sus vehículos sufran algún tipo de daño, se sienten obligados a dar dinero al aparcacoches, tal y como sucede en otros muchos barrios de la ciudad. 

Ante esta situación, el concejal apunta que la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento, Parada, Carga y Descarga y Retirada de Vehículos en la Vía Pública establece en el artículo 19 que “queda prohibido el desarrollo de esta actividad de vigilancia por persona no autorizada expresamente, no estando obligados los usuarios al pago ni retribución alguna del mismo, cuya exacción, si se produce podrá ser denunciada a los miembros de la Policía Local”. 

Así, según esta normativa, la primera denuncia tendrá el carácter de leve y se abrirá expediente sancionador y multa de 30,05 euros. Las siguientes serán consideradas graves y se abrirá expediente sancionador y se impondrá multa por valor de 91.05 euros. A la persona no autorizada legalmente se le ordenará que no continúe la labor ilegal de vigilancia. En el caso de continuar su labor ilegal, podrá ser denunciado ante la jurisdicción penal por infringir el precepto del artículo 634 del vigente Código Penal.