Un tercio de los presos de Huelva sigue tratamiento psiquiátrico y uno de cada cinco se ha intentado suicidar

Así, el sindicato ha puesto de manifiesto, con motivo del Día de la Salud Mental que se conmemora este lunes, que la tasa de suicidio en prisión es ocho veces más alta que la de la población general, y siendo la enfermedad mental la causa que hay detrás de la mayoría de dichos suicidios.

La enfermedad mental en prisión es uno de los graves problemas a los que se enfrentan los centros penitenciarios en general y el de Huelva en particular, ya que con un déficit de médicos del 60% a nivel nacional se muestra incapaz de dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e incluso prevenir brotes que deriven en incidentes regimentales o en agresiones a otros reclusos o a trabajadores. Un déficit que, según el propio sindicato, en los centros penitenciarios de Huelva es de un 30% de personal, pero solo en facultativos, este alcanza el 70%.

Asimismo, el sindicato ha explicado que el Sistema estatal cuenta tan solo con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad, actuando las enfermerías del resto de los centros penitenciarios como hospitales de referencia estrictamente hablando, departamentos que no disponen de medios para la atención psiquiátrica.

Al respecto, han criticado que se están creando programas destinados a estos reclusos con enfermedades mentales (Paiem), como el que se va a implantar en Huelva en este mes, el cual no va a contar ni tan siquiera con una especialista en psiquiatría y con un déficit alarmante de médicos, poniendo como ejemplo que este lunes no hay un médico presencial en el centro penitenciario de Huelva.

Desde ACAIP entendemos que la solución al problema sería un compromiso por parte de la Administración Penitenciaria de no dejar caer el sistema sanitario en los centros, traspasando la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas como así recoge la Ley de Sanidad 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y calidad del Sistema de Salud, que ya establecía en el año 2003 que las Comunidades Autónomas deberían hacerse cargo de la misma, han concluido.