El motivo por el que el Gobierno va a prohibir que se puedan cobrar las prácticas de FP
Se dan situaciones en las que los estudiantes no pueden cursar estas prácticas
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Las prácticas de Formación Profesional (FP) son una parte integral y fundamental del curso, ya que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno laboral real. Estas prácticas permiten a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y adquirir experiencia profesional; sin embargo, pueden darse situaciones en las que no todos los alumnos puedan hacerse con una plaza, lo cual les obligaría a esperar unos meses para acceder y, por lo tanto, alargar el tiempo hasta graduarse.
Casos como el mencionado ocurren cuando las plazas para las prácticas son limitadas y, además, los estudiantes deben pagar por ellas. Ante esto, desde el Gobierno se ha tomado la decisión de prohibir que se puedan cobrar las prácticas obligatorias de FP en empresas u organismos. En concreto, lo que se plantea es la introducción de una enmienda en la ley de enseñanzas artísticas, pactada entre PSOE y Sumar, la cual se tramita estos días en el Congreso. Asimismo, en virtud de este acuerdo, se añade un apartado al artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. El texto adicional recoge que los centros de formación profesional, públicos o privados, establecerán los acuerdos con las empresas u organismos equiparados que aseguren «el acceso efectivo» de todo el alumnado a la realización de la formación. Además, se añade que «no se podrá vincular el período de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa«.
Este es el motivo de la prohibición para cobrar las prácticas de FP
Ahora bien, hay una situación clave que ha dado pie a que el Gobierno lleve a cabo esta iniciativa: la reclamación de cientos de alumnos de FP de centros públicos de la rama sanitaria en la Comunidad de Madrid. Estos estudiantes se lanzaron a la calle para protestar por la prioridad que se ha dado a los alumnos de centros privados -que pagan por esa formación en el centro de trabajo- para acceder a las prácticas en hospitales, la cuales son imprescindibles para poder titular.

A esa reclamación se sumaron los sindicatos, los cuales han denunciado que los centros privados de FP pagaron 500 euros por cada puesto de prácticas, un dinero que sale indirectamente de las matrículas anuales que pagan los alumnos, valoradas en unos 5.000 euros por curso. En este sentido, Clara Sanz, secretaria general de FP, recalcó que «algunos de los nuevos centros privados, que tienen detrás a fondos de inversión en muchos casos, han optado por pagar a las empresas para bloquear las prácticas para sus estudiantes«; de esta manera, »los centros públicos y concertados se han encontrado con que no son capaces de encontrarlas« para sus alumnos. Por lo tanto, la enmienda en la ley de enseñanzas artísticas se prepara con el objetivo de evitar que ese modelo de prácticas de FP se extienda.