CARTA AL DIRECTOR
Los veteranos del PSOE de Huelva, contra la 'forzada' condena a Chaves y Griñán
Quienes este documento elaboramos hemos desempeñado a lo largo de nuestra trayectoria diversas funciones en la vida pública en las diferentes administraciones al amparo de las honorables siglas del Partido Socialista Obrero Español. Componemos un conjunto de veteranos socialistas, fuera ya de la política activa, vinculados a la provincia de Huelva, y que ante este anticipo de sentencia del Tribunal Supremo, nos creemos obligados a manifestar nuestra opinión.
Por delante vaya nuestro respeto al concepto que de la justicia tiene nuestra nunca bien ponderada Constitución de 1978, ésa a la que en tiempos recientes, de manera interesada, torticera y sesgada se ataca, siendo en verdad, la valedora del modelo de nuestra España constituida en el Estado social y democrático de Derecho del que disfrutamos. Creemos por tanto que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE de 1978).
Y es por eso, que queremos manifestar nuestro más sincero apoyo a quienes hoy (aun a expensas de la lectura del texto final de la sentencia y sus votos particulares) resultan condenados a penas de inhabilitación y privativas de libertad en el llamado “sumario político” de los Eres y cuyo listado encabezan Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
A nuestro modesto entender, la condena se hace de manera forzada y con interpretaciones extensivas de los tipos aplicados del derecho penal español vigente, cuestiones éstas (interpretación extensiva y analogía) que la doctrina y jurisprudencia penales ponen en tela de juicio siempre que se refieren a nuestro Derecho Penal. Se está dictando sentencia condenatoria generando un tipo penal forzado, inexistente, por una prevención ante una eventual conducta delictiva que pudiera derivarse de la actuación de los poderes públicos.
Nuestro apoyo inequívoco es a personas que en el desempeño honesto e íntegro de sus funciones públicas no han tenido nunca beneficio ni personal ni en favor de las organizaciones políticas a la que pudieran estar afiliados. No se ha podido demostrar nada en este sentido en el alargado proceso judicial al que se les ha sometido, y más bien parecido, a veces, a una causa general.
No queremos caer en la trampa de ramplonas y fáciles comparaciones, aunque no nos deja de sorprender que, aunque nada es igual en derecho, socialmente se produzca cierta inquietud porque otras conductas públicas de similares características, hayan tenido un distinto resultado judicial. No es ése el objeto de nuestra reflexión. Es sólo la necesidad de que la sensación de justicia universal e igual para todos brille en el frontispicio de todo acto judicial y nunca se pueda tener socialmente la sensación contraria, la de que no es la justicia igual para todos, sea cual sea la causa, pues sería tanto como abdicar de uno de los pilares básicos de nuestra convivencia.
Por tanto, nuestra posición que hacemos pública es doble: de una parte, la de reafirmarnos en esa justicia limpia, la que se nos presenta con la balanza en la mano y buscando el punto de equilibrio del fiel de la misma, la que aparece con sus ojos vendados para no ver a quién se dirige su acción, la que propugna nuestra Constitución; de otra parte, y sobre todo, mostramos nuestro incondicional apoyo, afecto y cariño personales a quienes al igual que nosotros han desempeñado, por convicciones, ocupaciones públicas buscando lo mejor para aquéllos a quienes se dirigía su acción de gobierno, sin intereses ni beneficios personales, sólo buscando, como se acredita en estos hechos enjuiciados, lo mejor para trabajadores y empresas en situaciones difíciles.
Fueron más de 6.000 los trabajadores que recibieron, conforme a derecho, las percepciones derivadas de sus expedientes de regulación de empleo, al amparo de las cuantías presupuestarias consignadas en la Ley de Presupuestos del Parlamento de Andalucía y que más allá de las vicisitudes judiciales, todos los organismos públicos sucesivos han mantenido en el tiempo simplemente porque les correspondía, porque se ajustaban a derecho, y lograron que esas familias no se vieran abandonadas por la administración ante el paro al que les llevaba la crisis de los distintos sectores económicos en aquellos años.
También queremos manifestar nuestro rechazo a las actitudes de aquellas fuerzas políticas que, en un despreciable populismo y equivocado ejercicio de la noble contienda política, siguen agitando falsedades que para nada se contienen ni en la sentencia recurrida ni en el anticipo de la resolución del Tribunal Supremo. Dicen ser partidos de gobierno, próceres en la defensa de las libertades, cuando en verdad, en sus planteamientos beben en los mejores mandatos del calumnia que algo queda, emulando a innombrables actores de la historia.
Un especial testimonio de afecto brindamos también a las familias de los condenados, igualmente afectadas por la sentencia.
Reiteramos nuestro apoyo y cariño, nuestra solidaridad inequívoca, conscientes de que han sido destinatarios de una sentencia excesiva y forzada que esperamos no se aparte de los principios de la justicia que relata nuestra Constitución. Y víctimas, además, de un descarnado tratamiento por sectores políticos, sociales y muy especialmente de algunos medios de comunicación que nunca han buscado ni la justicia ni la verdad sino el ataque infame de un “vale todo” que igualmente condenamos enérgicamente.
Consejo de Veteranos del PSOE de Huelva
