CARTA AL DIRECTOR
¡No te vengas al campo! De los servicios públicos en la Sierra de Aracena
Sin permitir el desarrollo de una vida en condiciones dignas, no podemos pedirle a los jóvenes que no se marchen, a las familias con hijos que se vengan, a los mayores que perseveren.
Comentamos hace unos días la situación de la Sierra de Aracena(1) desde un punto de vista económico –aunque no solo–, poniendo el foco en la estructura de producción de las fincas, de propiedad privada, como motor primario de desarrollo de la comarca. Hoy me gustaría reflexionar sobre el estado de la Sierra onubense, esta vez desde la perspectiva de los servicios públicos, de su gestión desde la Administración Pública. Y en el actual contexto de despoblación generalizada e imparable, no cabe esperar otro panorama que el de desmantelamiento paulatino de estos servicios públicos, ya sea a través de un servicio inexistente, de una actuación ineficiente, por procesos de privatización, etc. Este es tema viejo ya, pero a su paulatino aumento hay que añadir otras circunstancias, y de forma acusada la pandemia, que están resultando en una situación cada vez más compleja. Porque sin duda, todo esto es una problemática que se retroalimenta a sí misma, acelerando el progresivo deterioro de nuestra comarca.
Seguramente, una de las cuestiones más sangrantes, sin querer hacer juegos léxicos, es el de la salud. Hablamos de la hora y media semanal de atención médica que tienen en algunos municipios de la Sierra de Aracena o de los más de 80 kilómetros que separan a muchos vecinos serranos del hospital más cercano, en Riotinto. Eso es una hora y quince minutos en coche, si puedes conducir. Y a todo esto, el Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Sierra (Chare), que comenzó su construcción hace ya 13 años, sigue sin terminarse, abandonado. Tres años ha tardado la mastodóntica y descomunal fábrica de El Pozo (fuera de toda escala en mitad del Parque Natural), en construirse y ponerse en marcha en Jabugo.
Hablo también de los muchos pueblos que no cuentan con cartero para el reparto de la correspondencia; no digamos de oficina postal. Correos, el operador designado por ley para la prestación del Servicio Público Universal (SPU) en España, lleva desde hace unos años en un proceso de liberalización. Esto significa la eliminación progresiva de su plantilla de personal funcionario (aún en torno al 30% de la misma), el cierre de oficinas y la supresión de los servicios menos rentables (llámese reparto postal en zonas y municipios con pocos habitantes). Esta limpieza de todo lo que no sea económicamente rentable tiene la mirada puesta en la privatización del negocio postal, cosa que ya han intentado en varias ocasiones. Ahora lo que renta es la paquetería, y ahí se están centrando los recursos, con el tótem de Amazon mirándolo todo desde arriba. Y cuando exclusivamente de dividendos se trate, obviamente las cosas no irán a mejor en cuanto a servicios públicos, y no digamos respecto a condiciones laborales.
Desde el ámbito de la educación las dificultades no parecen menores. El cierre de colegios y unidades educativas (en los últimos años Adersa II, de Castañuelo, el colegio de Los Romeros, el de Cumbres de San Bartolomé, o la sede de Valdelamusa) es una amenaza constante para los Colegios Públicos Rurales (CPR). Pero antes de llegar a esta dramática situación, los CPR onubenses (acogidos en las Agrupaciones de Escuelas Rurales del Andévalo –Aderán– y la Sierra de Aracena –Adersa–) conviven a diario con las reducciones en la plantilla del profesorado, la escasez en el número de alumnos, los constantes desplazamientos o la utilización de la educación como arma política. Aunque en estos últimos años parece que la situación ha dado un ligero respiro, la incertidumbre sobre qué ocurrirá el curso que viene es permanente. Creo que huelga referir la importancia vital de estas escuelas para el mundo rural y la gigantesca labor que están haciendo sus profesores y equipos directivos.
La gestión pública del agua es otro capítulo importante en esta historia de género antibucólico. En este caso, es Giahsa la empresa que gestiona el servicio del agua para la M.A.S (Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva). El historial de esta empresa tiene mucho de cine negro, por seguir con la comparación. No en vano, existe una plataforma, PAGMAS, que aglutina a usuarios afectados por Giahsa y la M.A.S. También han sido ya varios ayuntamientos de la provincia los que han decidido y logrado salirse de la mancomunidad, algo que no resulta sencillo. Giahsa tiene en la capitalización del canon un arma importante, adelantando de golpe un pago a los ayuntamientos (muy bien recibido) que debería hacer año tras año por el alquiler de sus redes, comprometiendo así su permanencia por largos periodos. Pero ahí no acaba la lista de reclamaciones: financiación a partidos políticos (a través de M.A.S), deudas millonarias, amenazas, un organigrama de cargos que es un sumidero de dinero, continuas averías por una red anticuada, escasa transparencia en sus cuentas, depuradoras de agua que no funcionan bien (aunque se cobra su servicio), red de tuberías que siguen conteniendo amianto...(2) A todo esto, la factura de agua de Giahsa es la más cara de toda Andalucía –lo dice la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe 'Fiscalización del análisis operativo de las entidades que prestan los servicios de abastecimiento y depuración de aguas'-.
Hablemos también del transporte público ferroviario, el tren, otro drama endémico de la provincia con protagonista estelar, la línea Zafra-Huelva. Como en otros sectores, en este caso la rentabilidad económica se está anteponiendo a la rentabilidad social. Y el tren renta económicamente poco y electoralmente menos, toda vez que las infraestructuras básicas ya están construidas y hablamos de comunicar pueblos. Mucho más lucrativo resulta el negocio del transporte por carretera (construcción y mantenimiento, venta de vehículos, empresas energéticas, impuestos, etc.), por lo que se produce un trasvase de recursos del ferrocarril a las carreteras. Para justificar este desmantelamiento, solo hay que mostrar un descenso significativo en el número de pasajeros en el tren, y esto se provoca y se logra con un descenso en la frecuencia de trenes, infraestructuras obsoletas, averías continuas, pocas paradas, servicios muy lentos... La OSP, la obligación de servicio público impuesta por ley, tampoco es un problema, pues solo se exige en función de una cantidad de pasajeros. Y hoy, casi el 90% de los transportes de mercancías y pasajeros en nuestro país ya se hace por carretera. Y así llegamos por fin al AVE, lo que está absorbiendo todos los recursos de capital (parte en B, como es costumbre)(3), que además funciona muy bien como campaña electoral. Pero todos sabemos que este tren tan moderno solo conecta grandes ciudades, allá donde están los votos, y es impensable una red que comunique pueblos y pequeñas provincias. Por eso, desde esta amplia parte de España y desde distintas organizaciones, como la Plataforma por el tren rural en Andalucía, se están reclamando cercanías y media distancia. Una red de estas líneas bien nutrida podría fijar una importante cantidad de población rural, lograría la reducción de contaminación, el descenso de accidentes, la eliminación de muchos camiones de la carretera, el ajuste al pico del petróleo, supondría una amplia confluencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible...
Mención aparte, aunque justificada, merece la (in)acción de la administración pública en el asunto de la defensa y cuidado de los caminos públicos y vías pecuarias. Otra larga batalla en el mundo rural. O la ausencia de policía local, o la insuficiente dotación de personal para la ayuda a la dependencia. Fuera de este ámbito queda la eliminación de sucursales bancarias en la mayoría de pueblos serranos, que al no ser una cuestión pública, o serlo solo cuando interesa, no puede reclamarse más que a una entidad privada. Cabría mencionar también el autobús que pasa una sola vez al día de ida y otra de vuelta, las farmacias para las que has de viajar en coche, la ausencia de ambulancias y equipamientos sanitarios de urgencia, los continuos desplazamientos hasta la capital para resolver trámites administrativos... O la falta de otros servicios de distinto carácter, como la Mancomunidad Ribera del Huelva, conformada por 12 municipios de la zona central de la Sierra y cerrada hace ya 5 años. Esta ofrecía a sus usuarios centro de información a la mujer, atención a la familia y la infancia, servicio de deportes, talleres de empleo, renovación del DNI, formación...
Y todo esto ya era así antes de la pandemia. Ahora, los retos se han multiplicado e intensificado, y esta situación está sirviendo como argumento para dejar muchos de estos asuntos en cuarentena, en el olvido. Así es como se alimenta esa 'España vacía', algo en lo que muchos ven el eslogan de una operación inmobiliaria, una expropiación soslayada para quedarse con el campo a precio de saldo. Porque desgraciadamente al final todo esto es, a buen seguro, una cuestión de dividendos. Y derivar recursos para afrontar estos retos desde discutibles macroproyectos para más líneas de AVE, o para llenar nuestro país de aeropuertos (fantasmas), podría ser una solución. O la línea de sostenibilidad de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Ya sé, ya sé, un disparate. Otro como este, o mayor, es pensar que sin estos servicios puede existir un mundo rural vivo, más allá del que se llena de motoristas el domingo.
(1) https://huelva24.com/art/148305/del-abandono-de-las-huertas-las-fincas-y-estas-cosas-en-la-sierra-de-aracena(2) https://www.youtube.com/watch?v=MfXnYsYjc10(3) https://www.lavanguardia.com/vida/20201215/6123683/procesan-nuevo-investigados-fraude-ave-alicante-murcia.html
Dani López GarcíaMiembro de la asociación Los Pies en la Tierra
