Concentración contra el cierre de unidades de educación pública en Huelva

Distintos sectores de la comunidad educativa, familias, estudiantado y docentes, junto a las distintas organizaciones que hoy nos concentramos aquí, MANIFESTAMOS que nos oponemos al cierre de las unidades que supondría la eliminación el próximo curso de cientos de plazas públicas. Que eliminar nuestras unidades, justo en el mes de marzo, mes de la matriculación, es una medida que restará solicitudes de nuestros centros por el legítimo miedo de las familias a quedarse sin plazas para sus hijos e hijas.

Que el criterio de demanda social que argumenta la administración, contraviene la norma educativa superior en vigor. Ley que subraya, en cambio, la obligación de garantizar una oferta educativa suficiente de plazas en centros públicos.

Que mientras la red pública de oferta educativa se revisa cada año, la de la red concertada permanece blindada por un período de 4 a 6 años, lo que supone que sólo se cierren líneas públicas y existan zonas donde la oferta de plazas concertadas es notablemente mayor.

Que la mayoría de las ratios de los colegios públicos afectados, ya se encuentran en el máximo legal, lo que luego se traduce en ratios por encima de lo permitido debido a matriculaciones extemporáneas, que perjudica notablemente la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad del alumnado más vulnerable, y que afecta de manera directa, al derecho de las familias a escolarizar a sus hijos e hijas en centros públicos, con lo que no nos quedará otra opción que matricularlos en centros privados con conciertos educativos, la mayoría con un claro sesgo religioso y doctrinal.

Que perder unidades en la escuela pública conlleva la pérdida de empleo público, de pluralidad y calidad y fomenta el desplazamiento de personal docente y no docente mermando su estabilidad laboral.

Que son los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales los grandes perjudicados de todos estos recortes en la educación Pública. La inclusión nunca debe ser una opción y desde la escuela pública cada vez hay menos presupuestos dedicados a la integración del alumnado, a lo que se suma la externalización del servicio desempeñado por las PTIS e ILSE. Esto lleva, no sólo a la precarización y destrucción de los puestos de trabajo de los monitores escolares, sino también a la discriminación directa del alumnado más vulnerable.

Visto todo lo cual exigimos: