a través de una moción
La PAH pide a los ayuntamientos que apoyen una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda
12.23 h. Este viernes la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) de Huelva ha registrado en diversos ayuntamientos de la provincia, en la capital y en la Diputación Provincial una moción para exigir una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la situación actual de emergencia habitacional.
La moción se presenta a todos y cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para que decidan sí quieren llevarlo a su aprobación al pleno.
La actual crisis económica ha impactado en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual, lo cual a su vez ha supuesto miles de desahucios vulnerando el derecho a una vivienda digna.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial des de 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015; o lo que es lo mismo en el primer trimestre de 2015 se han ejecutado una media de 136 desahucios diarios. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler.
El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios des del inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015, solo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.Estamos ante una situación de emergencia que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social siendo además el país de Europa con mas vivienda vacía, 13,7% del parque total (3 millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda.
También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, (…). Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.
En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda.
En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factibles.
La moción que propone la PAH presentar a los distintos grupos políticos en los plenos de sus ayuntamientos se puede resumir en cinco puntos:
1. Medidas de segunda oportunidad
2. Alquiler digno
3. Vivienda garantizada
4. Suministros básicos
5. Creación de un observatorio de la vivienda compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Será encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías y el seguimiento de las políticas públicas, entre otras.
