Juicio por el vertido en la mina de Aznalcóllar: «Había que transformar en verde todo lo que estaba pintado de negro»
En la segunda sesión del juicio civil contra Boliden, en el que la Junta le reclama casi 90 millones por los trabajos de recuperación en la cuenca del Guadiamar, una testigo recuerda que en la comisión de seguimiento de la limpieza no estaba la compañía sueca
El desastre de Aznalcóllar: la factura ecológica de 90 millones que Boliden no quiere pagar

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha acogido este jueves la segunda sesión de la vista para dirimir la reclamación de casi 90 millones que la Junta de Andalucía le exige a Boliden por los trabajos de recuperación ecológica ... de la cuenca del Guadiamar después de que el 25 de abril de hace 25 años se rompiera la balsa de la mina de Aznalcóllar, derramando cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes. Hoy la jornada ha sido menos intensa que el pasado martes, tanto por la presencia de medios para seguir el juicio como por las testificales. La más relevante, la primera, Francisca de la Hoz, quien trabajó algo más de un año en la Oficina Técnica de Recuperación del Guadiana, entre 1998 y 1999. Esta funcionaria del Cuerpo Superior de Ingenieros de Montes en la Junta de Andalucía ha recordado el «pánico» que se generó en las primeras semanas por este desastre ecológico. «Todo estaba pintado de negro, había que transformarlo en verde».
En esos días las actuaciones eran «urgentes», sobre todo, las referentes a la limpieza de los lodos antes de que llegara la lluvia para evitar que éstos alcanzaran Doñana. Las tesis defensivas de Boliden pasan por evidenciar que la Administración autonómica llevó a cabo trabajos innecesarios en el proyecto de recuperación de la zona, como la ejecución de Corredor Verde, lo que supuso que se elevaran los costes de los trabajos de limpieza y reforestación, que ahora se reclaman a la compañía sueca.
La testigo, que estuvo a las órdenes de Javier Serrano Aguilar, quien declaró el primer día del juicio, recordó el «pánico» que se generó las primeras semanas tras la rotura de la balsa minera. «Todo estaba pintado negro. Existía un peligro social y económico. Pasados unos meses, llegó Javier y dijo que había que transformarlo todo en verde».
Francisca de la Hoz ha manifestado que todas las actuaciones contaban con asesoramiento científico, aunque ella no tenía contacto directo con ellos. «Pensaban los científicos y materializaba la Oficina Técnica».
Ha explicado que se decantaron por la opción de reforestar la zona y no por volver a cultivar porque no se podía garantizar la eliminación total de la contaminación en los terrenos. Y era difícil eliminar la sensación en la ciudadanía de que los productos que allí se plantaran no fueran a estar contaminados.
Sobre las expropiaciones de las fincas de la cuenca del Guadiamar, ha explicado que inicialmente se abrió un proceso de compra voluntaria y después, otro de expropiaciones forzosas. Ha admitido que la Junta adquirió fincas que no estaban afectadas al cien por cien. También lo hizo un testigo el primer día. Los propietarios no querían vender sus tierras fragmentadas.
Igualmente, a preguntas de la abogada de la Junta, ha señalado que se eliminaron frutales, por el motivo antes comentado: «No se quería la duda de que pudieran llegar al mercado productos contaminados». Sobre la comisión de seguimiento de las tareas de limpieza, ha aclarado que estaba compuesta por miembros de la Administración autonómica, pero no estaba Boliden.
Precisamente, el abogado de la empresa ha preguntado a esta testigo por un informe de julio de 1998 en el que no sólo se hacía referencia a las labores de limpieza sino también a la creación de un corredor ecológico, y que las tareas de recuperación trascendían a zonas no afectadas.
La testigo ha admitido ese plan, pero el primer día el coordinador de la Oficina Técnica aclaró que el primer objetivo era hacer un corredor ecológico, pero no pudieron ser tan ambiciosos y se quedaron en el Corredor Verde. La opción de recuperar las tierras agrícolas se descartó porque «el Guadiamar estaba arrasado».
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Después ha sido el turno de Antonio Mora, empleado de Egmasa durante unos cinco años y doctor en Ciencias Químicas. Trabajo en la Oficina Técnica dos o tres años después del desastre de la mina, no lo recordaba bien. La limpieza estaba concluido. Se dedicó a coordinar y diseñar los planes de muestreo en las aguas afectadas, los suelos, la vegetación y la fauna, para ver los niveles de concentración de metales pesados, aunque la abogada de la Junta no le ha cuestionado sobre los resultados de dichos análisis, que casi al 90 por ciento se realizaban en laboratorios de la Junta de Andalucía. Todos los datos de estos muestreos se colgaban en la web de la consejería.
El último testigo de este jueves ha sido Juan Carlos Costa, jefe de Servicio de Restauración Forestal de la Junta entonces y funcionario jubilado de la Junta. Ha abordado los trabajos de reforestación que se llevaron a cabo, que tenían por objetivos, entre otros, evitar las correntías, la erosión del suelo y plantar ejemplares que absorbieran los metales, en un proceso de biorregeneración. El juicio continúa el próximo martes, con los primeros testigos propuestos por Boliden.
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