El caso de transfuguismo en Valencina de la Concepción llega a los juzgados: citan como investigados al alcalde del PSOE y la concejal que le dio el gobierno

En una diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, a la que ha tenido acceso este periódico, se cita al alcalde y a la concejal tránsfuga, cuarta teniente de alcalde del gobierno local, el próximo martes, 16 de mayo, en plena campaña electoral, por un presunto delito de malversación, tras la querella interpuesta por el portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Ramón Peña.

Cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones municipales la Justicia va a iniciar la investigación de los hechos ocurridos tras la celebración de los comicios de 26 de mayo de 2019 en Valencina, que arrojaron un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PP y del PSOE, y de que los populares se alzasen con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación. El panorama quedó en seis ediles para PP, cinco para PSOE, uno Ciudadanos y otro Adelante Andalucía. Todo hacía indicar que Ramón Peña sería el alcalde, como acordaron las direcciones del PP y Ciudadanos, pero la edil naranja, hoy investigada, dio su respaldo al socialista Antonio Manuel Suárez, quien no opta a la reelección.

Fue «un acto de transfuguismo político», según la querella del PP, interpuesta a finales de 2022. Ciudadanos abrió un expediente disciplinario a Susana Martín, que culminó con su expulsión, pasando a ser concejal no adscrita, «tránsfuga» con los efectos legales que llevo conlleva: «no es posible ser nombrada para el desempeño de cargos de responsabilidad municipal que impliquen atribuciones de gobierno o delegaciones, ni tampoco percibir retribuciones por el desempeño de dichos cargos».

El 9 de julio de 2019, una resolución de Alcaldía nombraba a Susana Martín cuarta teniente de alcalde y delegada de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia, cargo aprobado por acuerdo del pleno municipal seis días después. La investigada pasaba a un régimen de dedicación parcial al 75 por ciento y con derecho a una retribución como concejal delegada de 23.800 brutos al año.

Un año y medio después el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe en el que señalaba que la condición de concejal no adscrita tránsfuga impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones. Este informe llevó al interventor a emitir su primer informe de reparo el 1 de febrero de 2021: «un concejal tránsfuga no puede desempeñar nuevo cargo político derivado de abandonar el partido con el que se presentó a las elecciones». «Esta Intervención no tiene más que advertir de la ilegalidad de la continuidad en el abono de las retribuciones a la concejal Susana Martín del Río», concluye.

El 25 de febrero emitió un segundo informe de reparo. El 26 de marzo llegó el tercero. Un mes después hubo un cuarto. Y mientras el alcalde hacía caso omiso. Según la querella del PP, «ambos denunciados eran plenamente consciente de la ilegalidad de la percepción de la retribución por parte de la concejal, un perjuicio claro al patrimonio administrado».

El 20 de enero de 2022, el pleno municipal aprobó declarar nula de pleno derecho la resolución del alcalde del nombramiento de Susana Martín como teniente de alcalde y su dedicación parcial.

Para el PP, existen indicios de criminalidad, pues el alcalde y la cuarta teniente de alcalde eran «conscientes de la ilegalidad del nombramiento y de las limitaciones políticas y económicas asociadas a la condición de tránsfuga».