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Agencias
Miércoles, 5 junio 2013
JUICIO CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Descartan la nulidad de las escuchas en el juicio de la red acusada de introducir hachís por Isla

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17.01 h. El tribunal considera que no se ha roto la cadena de custodia del material incautado, unas premisas que había planteado el abogado del presunto cabecilla de la red, Anselmo Sevillano, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, que juzga a once personas, por pertenecer supuestamente a una red acusada de introducir en agosto de 2011 más de 3,6 toneladas de hachís por el puerto de Isla Cristina, ha descartado declarar nulas las intervenciones telefónicas, considerando a su vez que no se ha roto la cadena de custodia del material incautado, unas premisas que había planteado el abogado del presunto cabecilla de la red, Anselmo Sevillano, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

 

Durante la primera sesión del juicio, cinco de los acusados se han conformado con los hechos, pero no con las penas y se han acogido a su derecho a no declarar; Anselmo Sevillano, considerado por la Policía Nacional como el mayor traficante de Europa y que fue detenido en agosto de 2011 en una urbanización de lujo de Estepona, donde permanecía huido de la justicia por incumplir una condena anterior por tráfico de drogas, se ha acogido también a su derecho a no declarar y otros cinco sí han declarado, entre ellos el agente de la Guardia Civil acusado.

 

El agente, acusado de un delito de revelación de secretos e información, ha asegurado que su servicio lo realiza en Madrid, no obstante en el momento de los hechos se encontraba de baja en Ceuta, su tierra natal, así como que no conoce a Anselmo Sevillano, y ha negado los hechos. No obstante, ha insistido en que cree que "le han podido usurpar la identidad" en el programa informático de la Guardia Civil para obtener datos al ser su clave su DNI, una clave que posteriormente cambió. A su vez, ha señalado que a través de una identidad se pueden realizar varias consultas y puede ser que "alguien lo haya hecho" con su clave.

 

De estos, J.L.G.N., acusado de un delito contra la salud pública y cometido en condiciones de extrema gravedad, tanto por la cantidad como por el uso de embarcación, y de un delito de pertenencia a grupo criminal, ha asegurado que conoce a Anselmo y a otro de los detenidos "por trabajo y amistad", pero ha remarcado que, aunque se dedica a la venta de vehículos, "no controlaba los coches" que pasaban por la zona del puerto.

 

J.S.N., antiguo trabajador de astilleros de Isla y acusado por estos mismos delitos, ha indicado que posee un cuartillo en la zona del puerto donde guarda utensilios de pesca y que aquella tarde de agosto fue detenido fuera de las instalaciones de Astilleros. Su hijo, A.S., también detenido ese mismo día, ha señalado que fue a ver a una virgen en un bote con su novia y al volver fue detenido.  Por último, J.I.G. ha subrayado que ese día fue hacia astilleros porque su cuñado, otro de los detenidos, le pidió que fuera a reparar un barco, sin extrañarle que fuera domingo porque "no tenían horarios", a lo que ha añadido que no vio el contenido del barco, ni escuchó lo que los demás presentes --todos detenidos-- hablaban por teléfono.

 

Según reza en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, este considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de extrema gravedad, tanto por la cantidad como por el uso de embarcación; de un delito de pertenencia a grupo criminal; de dos delitos de falsedad en documento oficial y de un delito de revelación de secretos e información. Por ello, pide alrededor de 75 años de prisión para los presuntos componentes de esta red y multas millonarias de 25 y 45 millones de euros para cada uno.

 

Los hechos

Los hechos se remontan a agosto de 2011 y el fiscal considera acreditado que los acusados, actuando de común acuerdo y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito al menos durante los meses de julio y agosto de 2011, llevaron a cabo las labores oportunas para la introducción en España de un cargamento de hachís procedente de Marruecos y su desembarco en el puerto de Isla Cristina, para su alijo y posterior distribución y comercialización a terceros. Concretamente, la tarde del 21 de agosto de ese año se procedió por parte de estos al traslado al interior de las instalaciones de los astilleros en Isla de una embarcación que transportaba 113 fardos, que arrojaron un peso neto de 3,6 toneladas de hachís.

 

Los acusados, para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre sí jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.

 

El fiscal señala que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por el acusado Anselmo Sevillano, quien, huido de la justicia para evitar su ingreso en prisión por la existencia de una condena anterior por tráfico de drogas, fijó su residencia en la provincia de Málaga, en concreto en la localidad de Estepona, desde donde mantenía con otros acusados un permanente contacto, tanto de carácter personal como telefónico, a fin de impartir instrucciones y concertar con sus subordinados los pormenores relativos tanto a la recogida, ocultación y depósito de las grandes cantidades de droga en lugares adecuados ocupándose asimismo de financiar al grupo y surtirle de adecuados medios materiales tales como embarcaciones, vehículos y terminales de teléfono móvil y también de teléfonos satélite. Para el mismo, el fiscal pide más de once años de prisión y dos multas, una de 25 millones de euros y otra de 45.

 

A fin de ocultar su identidad, el Ministerio Fiscal considera probado que Sevillano se valía de un documento nacional de identidad y de un permiso de conducir en cuya elaboración, con ánimo falsario, había intervenido, pues siendo documentos en los que figuraban los datos reales de una tercera persona sin embargo mostraban su fotografía.

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1 Comentario
fran
Fecha: Viernes, 7 junio 2013 a las 23:19
No sé porqué pero en todos los rollos de drogas,los policías teniendo buena defensa,siempre son los buenos y nunca han echo nada malo,jajaja!!!.En éste país los más corruptos son los que pueden ejercer el poder,y entre todos seguro que están implicados hasta los señores letrados

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