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huelva24.com
Miércoles, 19 septiembre 2012
educación

CSI-F denuncia que la Junta está contratando a monitores privados en los centros educativos

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13.49 h. Según el sindicato, estas contrataciones en la provincia onubense supondrán un coste de más de un millón de euros -más de doce millones en toda la comunidad- en vez de acudir a las bolsas de empleo público de la Junta de Andalucía en la que las dos categorías cuentan con suficiente personal.

La Delegación provincial de Educación de Huelva está subcontratando a monitores privados en los centros educativos a través de empresas externas para realizar labores administrativas y atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Unas contrataciones que, en la provincia onubense, supondrán un coste de más de un millón de euros (más de doce millones en toda la comunidad) en vez de acudir a las bolsas de empleo público de la Junta de Andalucía en la que las dos categorías cuentan con suficiente personal.

Así lo ha denunciado el sindicato CSI-F que critica el “enorme gasto” realizado en las subcontratas cuando las labores de administración y atención al alumno con necesidades especiales las podría desempeñar el personal público. Esta situación se agrava teniendo en cuenta que la oferta de empleo de estos sectores lleva sin renovarse desde 2011.

Desde la Central Sindical se considera una “incongruencia” esta decisión ya que “mientras que se aprueban medidas para reducir el déficit como la congelación de las ofertas de empleo público y la de la tasa de reposición de efectivos a cero, se haya decidido gastar 1.010.880 millones de euros en contrataciones privadas para desarrollar trabajos de los servicios públicos”.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de CSI-F, Antonio Tur Cañavate, asegura que “es incomprensible que se reduzca un 10% la jornada del personal laboral temporal y del interino y que, al mismo tiempo, sea necesario realizar contrataciones privadas para desempeñar funciones equivalentes”. Tur Cañavate explica que las competencias de los contratados como monitores administrativos y como apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales corresponden a las categorías de monitor escolar y monitor de educación especial contempladas en el VI convenio colectivo de la Junta de Andalucía que regula el acceso al empleo público a través de concursos reglados y bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Además, el servicio de apoyo a la gestión económica que se está subcontratando tendrá acceso a datos de alumnos y familias, ayudas de estudios, matrículas, apertura y cierre del ejercicio económico de cada centro y tratamientos de expedientes entre otros asuntos que, según subraya CSI-F, “no deben caer en manos externas y en empresas privadas sino que por tratarse de una información que requiere de privacidad y confidencialidad sólo debería ser manejada por empleados públicos, amparados por la ley”.

“Las licitaciones publicadas vienen a corroborar que la privatización de la Administración andaluza sigue su curso, así como la pretensión y el objetivo del Gobierno andaluz. No ha sido suficiente con la agencialización, la extensión y ramificación de todo un entramado de empresas, fundaciones y consorcios fluyendo por la función pública sino que, además, vemos cómo día tras día estos entes contratan y subcontratan servicios privados que siguen vaciando las funciones y las potestades públicas”, lamenta Tur Cañavate.

Aumento del gasto
Este sistema de incorporaciones está suponiendo mayores gastos para la Administración al encarecerse los costes ya que los recursos económicos se reparten entre diferentes empresas, gerentes y subcontratas. Como consecuencia, “a los monitores les queda un sueldo bastante precario cuando, según lo establecido en el pliego correspondiente a estas contrataciones, deberían recibir diez euros por cada hora trabajada”.

Por todo ello, CSI-F mantendrá una postura firme ante las externalizaciones de la función pública y continuará denunciando ante los tribunales de justicia la vulneración de los derechos de los empleados públicos.

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