11.29 h. El concejal valverdeño y diputado provincial entre 2003 y 2007 compatibilizó el cobro de la póliza como prejubilado en Minas de Riotinto con su sueldo en la institución provincial y la Presidencia de la Mancomunidad Campiña-Andévalo. El Gobierno le reclama ahora que devuelva la cantidad percibida.

El exdiputado de Izquierda Unida en la Diputación de Huelva, Francisco Rodríguez Donaire, tendrá que pagar 143.885 euros al Gobierno, después de haberse destapado que estuvo trabajando al tiempo que percibía una póliza como prejubilado en Minas de Riotinto, según publica hoy el diario El País. El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) fue subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en 2003, dentro de los expedientes que se llevaron a cabo en la Faja Pirítica onubense.

Tras saltar a la luz el escándalo de los ERE hace un año y medio, el exministro de Trabajo Valeriano Gómez (PSOE) encargó una investigación para averiguar si hubo fraude en los expedientes de la Faja Pirítica que contaron con fondos públicos del Gobierno central junto a la Junta. Y el resultado fue casi impoluto: la inspección de servicio revisó sobre el terreno el anterior trabajo de los inspectores de trabajo, y no hallaron intrusos. Pero sí irregularidades en tres mineros que volvieron a trabajar después de ser prejubilados, unos ingresos extra que están vetados tras la concesión de la ayuda pública.

Rodríguez Donaire, topógrafo durante los 30 años que trabajó en la mina para extraer cobre, fue concejal en Valverde y diputado en la Diputación de Huelva con IU entre 2003 y 2007. Tras pasarse al PSOE, el partido socialista le aupó a la tenencia de alcaldía y presidencia de la Mancomunidad de municipios Campiña-Andévalo.

Según publica el diario de tirada nacional, el Gobierno argumenta que las ayudas extraordinarias abonadas entre el Gobierno central y la Junta “no tienen el carácter de indemnización, sino de subvenciones” destinadas a trabajadores en situación de desprotección. “Si el trabajador no se encuentra en la situación laboral que motivó la concesión de la subvención (desempleado), no puede seguir beneficiándose de las mismas, pues en ese supuesto se produciría un enriquecimiento injusto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, aclaró en su resolución el exdirector general de Trabajo, Raúl Riesco, el pasado 27 de septiembre de 2011.

Pese a que Rodríguez Donaire recurrió la decisión alegando que la reclamación había prescrito, defendiendo “su derecho a compatibilizar la prejubilación con sus salarios como diputado y presidente de la mancomunidad”, alegando que el propio servicio jurídico de la institución provincial estimó que el cobro de la póliza era “compatible” con su sueldo como diputado, el Ministerio de Empleo -que dirige la onubense Fátima Báñez- cerró en diciembre la vía administrativa y desestimó el recurso. “Esta unidad se ratifica en los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida”, zanjó la Secretaría de Estado de Empleo.

Mientras que el político ha decidido llevar su reclamación a los tribunales, el Gobierno central ha iniciado el reintegro de otros dos mineros onubenses que también habían compatibilizado las ayudas con otro trabajo ajeno a la mina.