Lunes, 17 septiembre 2012

Juicios previos

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Javier Pérez Minaya

Vivimos en la sociedad de la información. Somos constantemente bombardeados, a través de distintos medios (periódicos, televisiones, radios y, últimamente, internet) con datos, análisis, informaciones y opiniones que, sin darnos tiempo a asimilarlas, se suceden entre sí. Ello produce en el espectador o lector una doble consecuencia: en primer lugar, tiende a olvidar rápidamente lo visto, leído o escuchado, que de inmediato se ve superpuesto y superado por nuevas informaciones u opiniones; en segundo lugar, anula o disminuye notablemente la capacidad crítica, pues abrumado por la cantidad de información e incapaz de procesarla toda, al ciudadano le es mucho más difícil darse cuenta de que lo que se le transmite hoy es, exactamente, lo contrario de lo que le decían hace un año, hace un mes, o la semana pasada.

En este contexto, resulta especialmente preocupante la utilización que ciertos medios de comunicación realizan de casos relevantes para conseguir elevar audiencias y, de este modo, rentabilizar tales casos: no con ánimo de ayudar a las víctimas, ni de hacer justicia: simplemente de ganar dinero por vía de la audiencia, recompensada con mayores ingresos publicitarios. Este fenómeno, cuyo exponente máximo fue en su día el caso de las niñas de Alcasser, vuelve ahora reforzado en programas de mañana y de tarde, que a fin de explotar el morbo y para elevar audiencias no tienen reparo en acceder a víctimas, testigos y, últimamente, también peritos. Al margen e incluso en perjuicio de investigaciones policiales y judiciales abiertas.

Así, el problema no es que quienes intervienen en un proceso penal hablen: el problema es que lo hacen sobre el caso concreto que está “sub iudice”, facilitando datos y detalles que legalmente tendrían que callar. Incluso puede suceder que un testigo diga una cosa en el juicio, y a continuación, y previo pago de la oportuna cantidad (insisto, se trata de dinero), vaya al medio de comunicación que le remunera a contar, esta vez sí, “la verdad”. Ejemplo de ello hemos tenido, y precisamente en Huelva. Por lo que a las víctimas se refiere, su utilización como medio para conseguir audiencias, además de ser éticamente repulsiva, puede generar en aquéllas unas expectativas de justicia vindicativa que luego se vean defraudadas por las exigencias de una Justicia independiente y democrática, en la que cualquier pena se debe imponer en resolución dictada tras un juicio imparcial por quien ni se deja (ni debe dejarse) influir por circos mediáticos de cualquier índole.

Tradicionalmente, la conversión en espectáculo televisivo de los casos relevantes se ha venido calificando como de “juicio paralelo”. La definición no me parece correcta, pues el espectáculo parte siempre de la premisa de que el detenido y/o imputado es culpable, precocinándose así el veredicto sobre una interpretación parcial y sesgada de las pruebas realizada por supuestos periodistas “expertos” que ni ostentan tal condición ni han accedido a todas las fuentes de prueba, sino tan sólo a aquéllas más convenientes. Se trata, por tanto, no de juicios paralelos, sino de auténticos juicios previos, en los que el juez imparcial, la presunción de inocencia y demás valores esenciales del ordenamiento jurídico quiebran ante la prioridad de ofrecer un buen espectáculo que suba audiencias.

El último y desgraciado ejemplo lo estamos viviendo estos días. La cuestión no es si un terrible crimen debe ser juzgado y sentenciado por jurado o por jueces (como seres humanos, también permeables a las distintas informaciones y opiniones); la cuestión es si una sociedad democrática puede consentir que valores esenciales como el derecho a un juicio justo y a un proceso con todas las garantías decaigan frente al afán de negocio de unos pocos.


Javier Pérez Minaya
Magistrado

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