Jueves, 9 agosto 2012
Almonte

El PP recuerda al PSOE que "tienen el deber legal y moral de abstenerse en tema relacionados con el campo de golf"

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huelva24.com

15.51 h. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almonte ha respondido a las acusaciones formuladas por el portavoz del grupo municipal socialista y ex alcalde, Francisco Bella, quien hablaba de “censura antidemocrática ejercida sobre cuatro concejales socialistas”.

Según el portavoz popular en el consistorio, José Joaquín de la Torre, “el propio Francisco Bella, el también diputado provincial José Villa, Azucena León y Dolores Cáceres tienen el deber legal y moral de abstenerse en la votación de los puntos relacionados con el expediente del campo de golf de Matalascañas, ya que se encuentran imputados por la compra de la sociedad propietaria del campo de golf de Matalascañas cuando formaban parte del equipo de gobierno y tras el acuerdo de pleno votado el 8 de abril de 2009”.

Según De la Torre, “esto es de sentido común a los ojos de los ciudadanos. Para hablar de democracia, primero hay que garantizar un estado de derecho en el que las acciones de los ciudadanos y sus representantes deben estar regidas por un principio de legalidad. A este respecto, tenemos que comenzar mencionando la imputación de todos los concejales del PSOE de la anterior corporación, cuatro de  los cuales se mantienen actualmente en el grupo socialista”.

A este respecto, hay que recordar la permuta llevada a cabo en 2009 con los votos de los ediles del PSOE de las acciones de la empresa Exclusivas Doñana S.L. a cambio de 7,5 millones de euros. Un montante comprometido en metálico (2,9 millones) y con catorce parcelas ubicadas en El Rocío. Esta decisión, tomada con la oposición del resto de formaciones políticas de la anterior legislatura –PP, IU, PA e independientes-, motivó la presentación de una denuncia por la vía penal por parte del actual alcalde, José Antonio Domínguez Iglesias, por supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude en la contratación pública contra los concejales que votaron afirmativamente, así como contra los vendedores. Fue interpuesta el pasado mes de marzo.

En opinión de José Joaquín de la Torre, portavoz del PP en el Ayuntamiento, “a Francisco Bella se le ha olvidado curiosamente citar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha admitido a trámite y abierto diligencias previas por las supuestas irregularidades penales derivadas de la permuta. En casos similares, el PSOE provincial no ha dudado en solicitar la dimisión de representantes públicos que ponen en duda la labor de servicio a los ciudadanos que debe presidir la práctica política, como es el caso”.

Para el popular, “lo que resulta absolutamente antidemocrático a los ojos de la ley es gastar 7,5 millones de euros en una infraestructura que fue tasada por los técnicos municipales en menos de tres millones”. La presunta irregularidad de la adquisición la puso ya de manifiesto un informe del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que en fecha 29 de junio de 2009 tiró por tierra el expediente administrativo del Ayuntamiento. “Por tanto, no estamos hablando de democracia sino de legalidad. Ante los ciudadanos, este equipo de gobierno tiene el compromiso de abrir las ventanas del Consistorio, tras una etapa oscura y repleta de decisiones opacas y ocultadas a la ciudadanía, y así seguiremos cumpliéndolo”, ha afirmado el portavoz del PP.

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